Exgobernador de Michoacán impugna orden de aprehensión

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, impugnó este martes la resolución de la jueza novena de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, quien rechazó ampararlo contra una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de peculado, operaciones con recursos ilícitos, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de un quebranto de 3,412 millones de pesos en la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.

El recurso de revisión fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, que deberá resolver si confirma o revoca la decisión judicial. La jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal, había determinado que la orden de captura estaba fundamentada, al considerar que existen indicios de su participación en la adquisición irregular de siete cuarteles entre 2016 y 2021.

Los contratos cuestionados: Empresa sin experiencia y sobreprecios

Según el fallo judicial, Aureoles habría coordinado con siete servidores públicos federales la firma de contratos de arrendamiento, mantenimiento y compra de inmuebles para la Guardia Civil en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Estos acuerdos beneficiaron a Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V., una empresa que, según la FGR, no contaba con la experiencia ni infraestructura necesaria para cumplir con los proyectos.

La investigación señala que los pagos se realizaron a precios inflados, generando un perjuicio económico al erario de más de 3,400 millones de pesos. La jueza Vargas Alarcón destacó en su resolución que hay evidencia suficiente para vincular a Aureoles con los hechos, por lo que rechazó su solicitud de amparo.

FGR lleva dos años preparando el caso contra Aureoles

La Fiscalía General de la República inició las indagatorias hace dos años, tras detectar irregularidades en los contratos de los cuarteles. Además del exgobernador, otros siete exfuncionarios están bajo investigación, aunque sus identidades no han sido reveladas oficialmente.

Este caso se suma a una serie de procesos por corrupción contra exmandatarios estatales en México, en medio de la política de “austeridad republicana” promovida por el gobierno federal. Si el Tribunal Colegiado confirma la orden de aprehensión, Aureoles podría convertirse en el tercer exgobernador de Michoacán en enfrentar cargos penales en los últimos años.

¿Qué sigue en el proceso legal?

El Tribunal Colegiado tendrá la última palabra sobre si procede o no la orden de captura. Si la confirma, la FGR podría ejecutarla en cualquier momento, lo que llevaría a Aureoles a enfrentar un proceso penal federal.

Mientras tanto, el exgobernador mantiene su presunción de inocencia y ha declarado que se trata de un caso político. Sus abogados argumentan que las acusaciones carecen de sustento y confían en que el tribunal revocará la decisión.

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