Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República indaga a las empresas Servicios Portuarios y Dragados y Puertos por presunto huachicol. Ambas compañías son socias de Ingemar, firma vinculada con el exgobernador Ernesto Ruffo. La investigación reveló que ambas sociedades recibieron 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024. La autoridad analiza cómo estas firmas obtuvieron contrataciones públicas mientras cambiaban su objeto social para ingresar al sector energético.
Las empresas socias recibieron más de 49 millones en contratos
La investigación iniciada por la FGR expone que las dos compañías mantuvieron millonarias contrataciones públicas. La empresa Servicios Portuarios acumuló 10 contratos gubernamentales por un valor total de 48.8 millones de pesos. Por su parte, la firma Dragados y Puertos obtuvo tres adjudicaciones por 554 mil pesos.
La mayoría de los recursos públicos provinieron de la compañía estatal Exportadora de Sal. Servicios Portuarios prestó servicios de mantenimiento a remolcadores y vendió equipos marinos entre 2019 y 2024. La firma mantuvo asignaciones gubernamentales incluso tras recibir suspensiones en el Padrón de Importadores por irregularidades aduanales.
Asimismo, la Administración del Sistema Portuario Nacional en Ensenada entregó contratos a Dragados y Puertos. Las autoridades navales contrataron a la empresa para realizar levantamientos batimétricos y estudios de dragado en la zona portuaria.
Cambio de giro comercial hacia el mercado de los hidrocarburos
Los registros públicos señalan que ambas sociedades modificaron sus actas constitutivas para comercializar combustibles. La compañía Servicios Portuarios nació en 1993 enfocada en la investigación tecnológica. Sin embargo, en noviembre de 2018 amplió sus estatutos para almacenar, transportar e importar petrolíferos.
Por su parte, Dragados y Puertos se constituyó en 2009 para realizar obras marítimas. En febrero de 2022 modificó su objeto social para operar estaciones de servicio y vender productos energéticos.
La fiscalía federal indaga si este cambio en las actividades comerciales facilitó la operación ilícita. Las investigaciones señalan a los empresarios Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro, Raúl César Romero Arzamendi, David Luis Romero González y José Carlos Thompson Guiza como parte de la red societaria.
Avances ministeriales y seguimiento de la red portuaria
La FGR continúa el análisis de las licitaciones públicas y aduanas utilizadas por la red. La autoridad ministerial rastrea los movimientos financieros e infraestructura de las empresas involucradas.
El objetivo central del caso busca desarticular las vías marítimas destinadas a la venta ilegal de combustibles. Las autoridades determinarán las sanciones administrativas y penales correspondientes en los próximos días.
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