Filiberto Cruz MonroyEl embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado serias preocupaciones respecto a la propuesta de reforma al Poder Judicial que contempla la elección directa de jueces. Salazar considera que esta medida podría representar un riesgo significativo para la democracia en México y también afectar la integración comercial en América del Norte. Según el diplomático estadounidense, la elección popular de jueces no fortalecería el Poder Judicial, sino que lo haría vulnerable a la corrupción política.
En su declaración pública, Salazar argumentó que basándose en su extensa experiencia en la promoción del Estado de Derecho, la reforma propuesta podría debilitar el sistema judicial al exponerlo a influencias externas y corrupción. “Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas necesarias para asegurar que el Poder Judicial se fortalezca y no se someta a la corrupción política”, afirmó Salazar.
El embajador también advirtió que permitir la elección de jueces por votación popular podría facilitar la manipulación por parte de cárteles y grupos criminales, quienes podrían influir en jueces inexpertos para lograr beneficios políticos. Salazar enfatizó la necesidad de que los jueces posean experiencia previa en el manejo de litigios complejos, un requisito que la reforma busca eliminar, lo que podría comprometer la eficiencia del sistema judicial.
Además, Salazar manifestó que el debate sobre la reforma y la posible implementación de la elección directa de jueces podría desatar un periodo de inestabilidad en México. Esta turbulencia, según él, podría debilitar los esfuerzos para avanzar en la integración económica de la región y afectar negativamente la relación económica entre México y Estados Unidos, el principal socio comercial del país.
El embajador subrayó que una relación comercial sólida y la confianza de los inversionistas en el marco legal de México son esenciales para fomentar un entorno de inversión estable y predecible. “El debate sobre la elección directa de jueces amenaza la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza en el sistema legal de México”, precisó Salazar.
En el contexto de estas declaraciones, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha intervenido en la controversia al expresar su opinión sobre el paro de labores en el Poder Judicial. Sheinbaum cuestionó la legalidad de la suspensión de actividades y la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Consejo de la Judicatura para que deje de pagar salarios a quienes permanezcan en paro. La próxima mandataria destacó que, aunque considera que no se debe despedir a los trabajadores en paro, la suspensión de actividades sigue siendo un tema conflictivo.