Filiberto Cruz MonroyDoce estados de Estados Unidos, liderados por Nueva York, anunciaron este jueves que presentarán una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por permitir que Elon Musk y la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) accedieran a sistemas de pago sensibles que contienen información personal de ciudadanos estadounidenses. Los fiscales generales de estos estados calificaron el acceso a estos datos como “ilegal, sin precedentes e inaceptable”.
La demanda surge después de que el Departamento del Tesoro otorgara acceso a datos bancarios estatales y otra información altamente sensible a la DOGE, un organismo creado por Trump para reducir el gasto público. Según los fiscales, este acceso se logró tras la dimisión de un funcionario del Tesoro que se había resistido a compartir dicha información.
“El Presidente no tiene el poder de entregar nuestra información privada a quien él elija, y no puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso”, señalaron los fiscales en un comunicado conjunto.
Los fiscales también denunciaron que la DOGE tiene la intención de bloquear pagos críticos que millones de estadounidenses dependen para servicios esenciales como atención médica, cuidado infantil y otros programas sociales. “Esta acción no solo viola la ley, sino que pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos”, agregaron.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido señalado por los fiscales como beneficiario de este acceso privilegiado. “Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley”, afirmaron los fiscales.
La demanda es impulsada por los fiscales generales de Nueva
York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Vermont. Estos estados buscan proteger la privacidad de sus ciudadanos y garantizar que los fondos federales aprobados por el Congreso se utilicen de manera adecuada.
Este caso podría tener implicaciones significativas para la Administración Trump, que juró su cargo el pasado 20 de enero. La demanda no solo cuestiona la legalidad de las acciones del gobierno, sino que también pone en evidencia las tensiones entre los estados y la federación en temas de privacidad y transparencia.