La diputada Fabiola Alanís Sámano, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán, hizo un llamado en Morelia para integrar de manera urgente la perspectiva de género en las operaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), tras la salida del fiscal Adrián López Solís. La legisladora advirtió que el rezago en la atención de casos, la falta de recursos y el desconocimiento del enfoque de género afectan gravemente el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres.
Perspectiva de género: un reto pendiente en la fiscalía
Con la reciente salida del fiscal Adrián López Solís, la Fiscalía General del Estado se encuentra en un momento clave para evaluar su funcionamiento. En este contexto, la diputada Fabiola Alanís subrayó la importancia de aprovechar esta coyuntura para replantear el modelo de procuración de justicia desde un enfoque de derechos humanos y género.

La legisladora morenista remarcó que uno de los mayores desafíos dentro de la institución es la revictimización de mujeres que denuncian violencia o delitos sexuales. “No quiero generalizar, pero la falta de preparación en temas de género conduce a que las mujeres sean cuestionadas en lugar de protegidas, perpetuando así la impunidad”, declaró.
Rezago estructural y falta de recursos afectan acceso a la justicia
Alanís Sámano también llamó la atención sobre el exceso de carga de trabajo al que se enfrentan los agentes del Ministerio Público en Michoacán, lo que impide una atención diligente y oportuna a las víctimas. Según sus estimaciones, cada agente puede tener asignadas más de 200 carpetas de investigación al año, lo que afecta no solo la eficiencia, sino la calidad del servicio.
“No basta con una reestructuración interna o con el cambio de titular. Se necesita una evaluación profunda de los recursos humanos y materiales disponibles, así como una revisión del proceso de atención a víctimas, con énfasis en mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad”, insistió.
Capacitación, inclusión y justicia intercultural
Uno de los ejes fundamentales señalados por la diputada fue la necesidad de que el personal de la Fiscalía reciba formación continua en temas de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Esto, dijo, es particularmente relevante en un estado como Michoacán, donde coexisten diversas comunidades indígenas que enfrentan obstáculos para acceder a una defensa adecuada.
“La justicia no puede depender de si hablas español o no. Hay personas encarceladas sin entender por qué fueron detenidas, simplemente por no contar con un traductor o una defensa con sensibilidad cultural. Eso debe cambiar”, expresó Alanís.
Transición en la FGE: oportunidad para una reforma estructural
La salida de Adrián López Solís abre una ventana para reflexionar sobre los avances y pendientes del sistema de procuración de justicia en Michoacán. Para Alanís Sámano, este momento no debe limitarse a una sustitución administrativa, sino ser el punto de partida para una transformación institucional basada en la atención digna a las víctimas y en una justicia sin discriminación.
Además, destacó que cualquier plan de mejora debe considerar no solo las áreas urbanas, sino también las regiones rurales e indígenas, donde las brechas de atención suelen ser aún más amplias.

Una exigencia desde el Congreso con enfoque social
La diputada recordó que desde el Congreso local se han impulsado iniciativas para mejorar la atención a víctimas y sancionar con mayor firmeza la violencia de género. No obstante, afirmó que la ejecución de estas medidas recae en gran parte en la capacidad institucional de la FGE, por lo que insistió en la urgencia de profesionalizar a su personal y dotarlo de herramientas suficientes.
“Garantizar una vida libre de violencia no es solo un compromiso político, es una obligación del Estado. Para lograrlo, necesitamos una fiscalía que entienda a las mujeres, que las escuche y que actúe en su defensa, no en su contra”, concluyó Alanís Sámano.
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