Filiberto Cruz MonroyEl Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la responsabilidad de evitar que el crimen organizado financie las campañas de los candidatos a juzgadores en el país, según una reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa fue enviada al Senado como parte de la regulación de los cambios constitucionales que afectan al Poder Judicial, subrayando la importancia de mantener la integridad del sistema electoral.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula que el INE contará con el apoyo de diversas instituciones, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los bancos y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal. Estas entidades colaborarán en la verificación de la información fiscal y la situación patrimonial de los candidatos, así como de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
Un aspecto crucial de esta reforma es que se exige a los candidatos cubrir los gastos de su campaña de su propio bolsillo. Aunque podrán utilizar las redes sociales para promocionarse, no podrán incurrir en costos por ese uso. Este enfoque busca limitar la influencia de recursos externos y garantizar que los candidatos sean responsables de sus propias campañas.
El INE tendrá la facultad de requerir información necesaria para evaluar la evolución patrimonial de los aspirantes. Esto incluye el acceso a datos que la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal debe proporcionar. Además, el INE podrá solicitar información fiscal relevante al SAT, lo que implica una colaboración activa del sistema financiero para asegurar la transparencia de los procesos electorales.
La reforma también establece que el Consejo General del INE no estará limitado por el secreto bancario, fiduciario y fiscal durante el cumplimiento de sus funciones. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE será el canal a través del cual se podrá superar cualquier limitación en este sentido, incluso si el Instituto decide delegar estas funciones a otras instancias.
Las campañas electorales para los juzgadores tendrán una duración de 60 días, y se enfatiza que deberán ser financiadas únicamente por los candidatos. El INE supervisará que ni los partidos políticos ni los servidores públicos intervengan en el financiamiento de estas campañas, garantizando así un proceso electoral justo y limpio.
Además, se prohíbe explícitamente que los partidos políticos y los servidores públicos realicen actos de proselitismo o se manifiesten a favor o en contra de cualquier candidatura. Esta disposición busca eliminar la influencia política en el proceso de selección de jueces, asegurando que las decisiones se basen en méritos y no en presiones externas.
Finalmente, la reforma reitera que queda prohibido el uso de recursos públicos para cualquier promoción o propaganda relacionada con las elecciones de los integrantes del Poder Judicial, en línea con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución.