Jair FigueroaLas autoridades federales preparan un fuerte despliegue de seguridad para recluir al exgobernador de Baja California. Alistan traslado de Ernesto Ruffo al Altiplano por huachicol ferroviario junto a siete presuntos cómplices acusados de contrabando ilegal. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coordina el operativo para ingresar a los detenidos al penal de máxima seguridad. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la organización de ejecutar un megafraude de hidrocarburos desde Texas. El desfalco fiscal estimado por las operaciones de la red criminal supera los 4 mil millones de pesos.
El megafraude aduanero de la empresa Ingemar
Las investigaciones dirigidas por la FGR revelaron la forma en que operaba esta organización delictiva en la frontera norte. El grupo criminal utilizaba vagones de tren para ingresar combustible estadounidense a territorio mexicano evadiendo los controles.
La red delictiva falsificaba las declaraciones aduaneras en los puntos de revisión ubicados en Matamoros, Tamaulipas. Las empresas involucradas reportaban únicamente diez mil litros de hidrocarburo por cada contenedor que cruzaba la línea fronteriza.
Sin embargo, las revisiones físicas posteriores comprobaron que cada contenedor transportaba en realidad 110 mil litros de combustible. La empresa Ingemar ingresaba los cargamentos masivos sin cumplir las normas de importación ni pagar los aranceles correspondientes.
La organización utilizó más de cien carrotanques ferroviarios para distribuir el insumo en diversas entidades federativas de México. La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que la estructura financiera compraba directamente a petroleras texanas.
Alistan traslado de Ernesto Ruffo al Altiplano por huachicol ferroviario como consecuencia de este desfalco histórico al erario nacional. Los peritajes contables demuestran que las pérdidas ocurridas entre enero y julio de 2025 colapsaron los ingresos fiscales.
Audiencia inicial y operativo de seguridad en la FEMDO
La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega encabeza la diligencia jurídica mediante el sistema de videoconferencia. La juzgadora dirige el debate procesal desde las salas adscritas al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya.
Por su parte, los ocho detenidos comparecen vigilados desde las oficinas centrales de la FEMDO en la Ciudad de México. Los defensores particulares participan a distancia tras solicitar tres recesos prolongados para revisar las carpetas de pruebas.
El Ministerio Público de la Federación busca cumplimentar un total de veinticinco órdenes de aprehensión libradas contra los socios. Los delitos imputados contemplan delincuencia organizada y faltas graves a la ley federal en materia de hidrocarburos.
Debido a la naturaleza de los ilícitos, los acusados no cuentan con el beneficio legal de la libertad condicional. La fiscalía solicitará de manera formal la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para asegurar a los procesados.
En la periferia de las instalaciones judiciales ya permanecen camionetas blindadas de la Secretaría de Marina Armada de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardan las calles aledañas para asegurar la ruta de traslado.
El convoy policial partirá rumbo al Estado de México una vez que concluya la presente etapa de declaraciones. Los abogados buscan extender el plazo constitucional, pero el traslado penitenciario a la prisión federal de Almoloya parece inminente.
La caída de los directivos de Ingemar pone al descubierto la fragilidad de los controles aduaneros en las rutas ferroviarias norteñas. El golpe financiero propinado por la fiscalía federal busca frenar el contrabando técnico de energéticos extranjeros. El traslado del político bajacaliforniano marcará un precedente importante en el combate a la corrupción empresarial y aduanera. Las autoridades financieras mantendrán el bloqueo de cuentas para evitar el financiamiento de los diecisiete implicados que siguen prófugos.
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