RedacciónLos abogados del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado del delito de huachicol, solicitaron formalmente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum al denunciar violaciones continuadas al debido proceso de su cliente. A través de una carta abierta, el despacho Mendienta & Asociados informó que su representado dirigió una misiva a Sheinbaum desde el Cefereso No. 1, exponiendo que la Secretaría de Marina (Semar) ha incumplido reiteradamente resoluciones judiciales que ordenan entregar información indispensable para su defensa.
En dicha carta, el Vicealmirante del Estado Mayor Manuel Roberto Farías Laguna detalla que la Marina ha desobedecido determinaciones judiciales emitidas por una jueza los días 10 de noviembre de 2025 y 22 de enero de 2026, las cuales obligan a la dependencia a facilitar documentación clave para su caso. El militar se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 y enfrenta un proceso penal por su presunta participación en delitos de huachicolero.
La misiva dirigida a la presidenta advierte que, “a pesar de encontrarse próxima la conclusión de la investigación complementaria, la autoridad castrense sigue negando el acceso a la información requerida, amparándose en un argumento genérico de ‘seguridad nacional’, el cual no ha sido avalado judicialmente y contraviene órdenes expresas de la autoridad jurisdiccional”.
El contenido de la carta subraya el impacto de esta negativa, afirmando que “esta negativa impide acreditar la inocencia de nuestro representado, quien fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes de tiempo, modo y lugar, y que dicha situación no sólo afecta su esfera jurídica, sino que impacta directamente en la legalidad del proceso y en la vigencia del Estado de Derecho”.
El despacho Mendieta & Asociados, en su comunicado público, respaldó plenamente lo expresado en la carta de su cliente. Además, reiteró que “toda la documentación que acredita estas irregularidades obra en el expediente judicial y en poder de esta defensa, quedando a disposición de las autoridades competentes”.
Finalmente, los defensores hicieron “un llamado respetuoso y firme para que se garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales, el acceso a la información ordenada y el respeto irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso”.
La solicitud de intervención presidencial pone bajo el reflector un caso que involucra a un alto mando naval y que ahora enfrenta una controversia sobre la transparencia y el apego a las garantías judiciales por parte de una dependencia federal. El llamado de los abogados busca que la presidenta Sheinbaum utilice su influencia para garantizar que la Marina acate las órdenes judiciales y permita al acusado ejercer su derecho a una defensa plena con toda la información disponible.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Marina han emitido una respuesta pública a la carta abierta o a la petición del acusado. El caso se encuentra en una etapa crítica, próxima a la conclusión de la investigación complementaria, lo que aumenta la presión para resolver la disputa sobre el acceso a la evidencia.
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