Sheinbaum aclara decomiso de huachicol en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la planta de distribución de combustible asegurada en San José Iturbide, Guanajuato, contaba con la documentación y permisos en regla. El operativo presentado inicialmente como el mayor decomiso de huachicol en la historia del país no correspondió a un esquema amplio de contrabando. La mandataria precisó que las autoridades únicamente detectaron anomalías menores en el transporte del hidrocarburo, las cuales fueron subsanadas por la empresa involucrada mediante la entrega de archivos sobre el origen de los productos.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal descartó de forma categórica que las investigaciones sobre el inmueble en el Bajío confirmaran un delito grave de delincuencia organizada o tráfico ilegal a gran escala. La aclaración oficial reduce el alcance de las acciones de inspección ejecutadas semanas atrás en territorio guanajuatense.

Sheinbaum aclara decomiso de huachicol y descarta red ilícita

Al ser cuestionada directamente sobre si la revisión técnica concluyó en un caso amplio de huachicoleo, la presidenta respondió con una negativa rotunda. Explicó que la Fiscalía General de la República ya realizó las indagatorias correspondientes en el predio y anticipó que la dependencia federal ofrecerá los pormenores del expediente judicial.

Las discrepancias sobre el procedimiento surgieron tras los primeros reportes oficiales presentados a la opinión pública. La magnitud del volumen anunciado, estimado en 59 millones de litros, no derivó en la detención de personas ni en aseguramientos definitivos de la infraestructura de almacenamiento.

Derivado de las inconsistencias administrativas en el operativo inicial, la autoridad federal removió de su cargo a Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la fiscalía en la entidad. La medida administrativa se aplicó para investigar el manejo y difusión de los informes preliminares.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó semanas atrás que existían investigaciones abiertas sobre la actuación del personal operativo. El funcionario cuestionó la difusión del aseguramiento previa a la verificación completa de las facturas corporativas.

Verificación de la FGR confirma legalidad en planta de almacenamiento

La empresa encargada del inmueble, Grupo Simsa, acreditó oportunamente la vigencia de sus licencias ante la Comisión Nacional de Energía. La compañía opera una superficie de 15 hectáreas dedicada al resguardo y descarga de petrolíferos propiedad de clientes públicos y privados.

Entre las firmas que utilizan dichas instalaciones para la logística de hidrocarburos destacan Petróleos Mexicanos, Shell, ExxonMobil y Energas. Todas las entidades comerciales entregaron la documentación necesaria para fundamentar la procedencia legal, trazabilidad y estándares de calidad de los combustibles almacenados.

La controversia concluyó tras la etapa de cotejo de datos realizada por las autoridades judiciales y administrativas del Gobierno federal. Las revisiones confirmaron que la planta no incurrió en acopio ilícito ni en comercialización irregular de gasolinas o diésel.

La resolución del caso pone fin a las especulaciones sobre la red de distribución en la región central del país. La Fiscalía General de la República mantendrá la comunicación institucional para detallar el cierre formal de las carpetas de investigación correspondientes.

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