INE: la corrupción cambia de rostro en México, pero persiste

Desde que tengo memoria, México arrastra un problema que parece sobrevivir a cualquier sexenio, partido o promesa de transformación: la corrupción. Cambian los colores, cambian los discursos, cambian los protagonistas, pero el mal sigue ahí, como un barro que se niega a drenar toda su pus.

Hoy, el foco está puesto en Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Hace unos meses eran otros funcionarios; antes, otros más. Y si miramos hacia atrás, la lista parece interminable. El problema es que, mientras los nombres van y vienen, las sospechas sobre el uso de los recursos públicos vuelven a aparecer.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre el presunto uso indebido de recursos públicos en el INE, organismos electorales locales y empresas proveedoras. Los señalamientos incluyen contrataciones, posibles conflictos de interés y operaciones financieras que deberán ser examinadas por las autoridades.

La ASF informó que cuenta con elementos e indicios que serán revisados con independencia y rigor técnico. Eso es lo que corresponde: investigar, documentar y determinar si hubo irregularidades. Porque una investigación no equivale a una sentencia, pero tampoco debería convertirse en un trámite que termine olvidado en algún cajón.

Entre los señalamientos difundidos figura el caso de Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador de Taddei, quien aparece registrado como “Líder de Proyecto”, con una remuneración cercana a 70 mil pesos mensuales, aunque realiza funciones de conductor. Según esa información, también ha sido visto al volante de vehículos de la consejera y, en una ocasión, de una camioneta blindada que no pertenecía a la flotilla del Instituto. Taddei explicó que se la habían “prestado”, sin revelar quién la proporcionó.

Otro nombre es el de Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidenta del INE, pero señalado en el Registro Público de Comercio como apoderado para “pleitos y cobranzas” de Corporativo Zeg, empresa proveedora investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La información publicada también lo describe como un chofer “fantasma”.

A estos casos se suma la investigación financiera sobre siete empresas proveedoras de materiales electorales. Las pesquisas abarcan posibles esquemas de simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones con sociedades presuntamente utilizadas para facturación irregular. Actualmente hay 70 cuentas bancarias bloqueadas, aunque no se ha revelado públicamente la identidad de todos sus titulares.

El colmo fue la difusión de videos donde el dueño de Grupo Zeg y proveedor del INE se llevó a la familia Taddei a París con todos los gastos pagados.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar las presuntas irregularidades y proporcionar información sobre sus contrataciones. Taddei, por su parte, solicitó que la ASF volviera a auditar contratos y pidió al Órgano Interno de Control investigar a exempleados.

En medio de los cuestionamientos, Taddei ya tuvo que renunciar a su cargo. Legisladores de Morena afirmaron que no encubrirán a nadie y analizan escenarios relacionados con la renovación de la presidencia del Instituto.

Y aquí está el fondo del asunto: México no necesita condenas anticipadas ni defensas automáticas. Necesita investigaciones que lleguen hasta el final, explicaciones verificables y consecuencias cuando se acrediten responsabilidades.

La corrupción no tiene partido exclusivo ni desaparece porque cambie quien ocupa una oficina. Si los recursos públicos están en juego, la obligación es esclarecer los hechos, sin privilegios ni excepciones. De lo contrario, seguiremos viendo desfilar nombres y cargos mientras el problema de siempre permanece intacto.