Jair FigueroaEl caso de la consejera se remonta a los comicios del 2 de junio de 2024. En ese proceso, Cruz García era presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP).
De acuerdo con una investigación periodística, durante su gestión se habría facilitado la transferencia de votos de un partido mayoritario a uno minoritario.
El objetivo habría sido evitar la desaparición de Fuerza por México. Este partido necesitaba al menos el 3 por ciento de la votación para mantener su registro estatal.
La denuncia sostiene que más de 27 mil sufragios fueron “inyectados” al conteo final. Esto habría modificado el resultado real de la elección.
Hasta ahora, no existe una resolución definitiva sobre estas acusaciones. Sin embargo, el tema ha cobrado relevancia tras su llegada al INE.
Denuncias penales y señalamientos de manipulación
Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla.
El político acusó a funcionarios del instituto electoral local de manipular resultados. Señaló diferencias entre actas de casilla y el cómputo final.
Según su denuncia, las cifras originales fueron alteradas durante la integración de resultados municipales.
Esto habría permitido trasladar votos entre partidos. La práctica, de confirmarse, implicaría una violación grave a la ley electoral.
El caso fue llevado a instancias legales. Sin embargo, el proceso no ha concluido públicamente.
Desaparición de actas genera más dudas
Otro punto clave del caso es la desaparición de documentación electoral.
Representantes del PAN y PRI reportaron que 179 actas no fueron localizadas. Estas contenían registros donde se detectaban inconsistencias.
Cuando se solicitaron copias certificadas, el instituto electoral informó que no estaban disponibles.
Este hecho generó sospechas sobre posibles intentos de ocultar información. También complicó el seguimiento de la denuncia penal.
La falta de documentos limita la verificación de los resultados. Esto ha sido criticado por partidos de oposición.
Silencio de la funcionaria y falta de resultados
Hasta el momento, Blanca Yassahara Cruz García no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.
El instituto electoral local inició una investigación interna a través de su Contraloría. No obstante, no se han presentado conclusiones oficiales.
Este vacío de información coincide con su llegada al Consejo General del INE.
El nombramiento ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección. También sobre los mecanismos de revisión de antecedentes.
El caso de la nueva consejera del INE abre un debate sobre la confianza en las instituciones electorales. Las acusaciones aún no se han resuelto, pero su impacto ya es político. La transparencia y la rendición de cuentas serán claves para definir el rumbo del proceso.
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