Jair FigueroaEl informe de desapariciones en México, elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), analiza casos en cuatro estados del país: Veracruz, Jalisco, Coahuila y Nayarit.
Sin embargo, la presidenta cuestionó la metodología utilizada. Señaló que el estudio se basa en datos recopilados entre 2009 y 2017.
Afirmó que el problema surge cuando estos resultados se extrapolan hasta 2025 sin considerar cambios legales y operativos recientes.
“Un análisis de cuatro estados del 2009 al 2017 es extrapolado hasta el 2025. Eso es suficiente para decir que no están muy exactos”, declaró.
La mandataria insistió en que este enfoque no refleja el trabajo actual del gobierno en materia de búsqueda y atención a víctimas.
Gobierno federal defiende acciones contra desapariciones
Sheinbaum aseguró que su administración mantiene coordinación con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas.
Indicó que se han activado mecanismos de alerta y acciones para enfrentar este delito, el cual vinculó principalmente con la delincuencia organizada.
También subrayó que el Estado mexicano rechaza el uso de la desaparición forzada como mecanismo de control o represión.
“Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como herramienta del Estado”, afirmó.
Además, señaló que el informe no toma en cuenta estos esfuerzos ni la política actual del gobierno federal.
Relación con la ONU y próximos pasos
El Comité contra la Desaparición Forzada decidió llevar la situación de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
El organismo busca que se analicen medidas para prevenir, investigar y sancionar este delito en el país.
Ante esto, Sheinbaum informó que su gobierno mantendrá comunicación con el alto comisionado de derechos humanos, encabezado por Volker Türk.
La presidenta afirmó que se establecerá una relación más cercana para explicar las acciones que se realizan en México y expresar las razones del desacuerdo.
El objetivo, dijo, es que las autoridades internacionales tengan información actualizada sobre la situación en el país.
¿Qué implica este debate para México?
El informe pone el tema nuevamente en el centro de la discusión pública.
Para la ciudadanía, la principal preocupación es conocer la dimensión real del problema y la efectividad de las acciones del gobierno.
Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer la búsqueda de personas y garantizar justicia para las víctimas.
Al mismo tiempo, el señalamiento de la ONU puede influir en la percepción internacional sobre derechos humanos en México.
Este tipo de informes también impacta en la presión hacia autoridades para mejorar resultados y transparencia.
El rechazo del gobierno federal al informe de la ONU abre un nuevo capítulo en el debate sobre desapariciones en México. Mientras las autoridades defienden su estrategia y cuestionan la metodología del análisis, organismos internacionales mantienen la atención sobre este delito.
El intercambio de información entre ambas partes será clave para definir las próximas acciones y evaluar la situación real en el país.
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