RedacciónUna nueva polémica por opacidad y un posible conflicto de interés estalló en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se dio a conocer la adjudicación directa de un contrato por 1.057 millones de pesos a una empresa productora cuyo representante, Gilberto Solís Mendívil, fue señalado en los esquemas de desvío de recursos de la Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El contrato, para producir una miniserie documental titulada “Elección sin precedente” sobre el proceso judicial extraordinario de 2024-2025, fue autorizado sin licitación y sin el conocimiento del pleno del Consejo General, lo que provocó el inmediato deslinde público de la consejera Carla Humphrey Jordan.
La consejera Humphrey reaccionó este lunes desde su cuenta de X (antes Twitter), distanciándose “completamente de la idea y de la contratación de la mini serie”. Además, apuntó contra el proceso de adjudicación: “Naturalmente me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron varias personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio instituto, aunque varias en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”, insinuando un posible conflicto de interés que añade más opacidad a la maniobra.
De acuerdo con la adjudicación directa AD-0151-2025, consultada por Proceso, el contrato fue otorgado en noviembre de 2025 por la Dirección General de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, área al mando de Iliana Aracelí Hernández Gómez. La contratación se realizó sin un proceso de licitación pública y sin informar a los integrantes del Consejo General, el máximo órgano de decisión del instituto, quienes se enteraron de su existencia apenas la semana pasada a través de una nota periodística.
Este hecho reaviva las críticas internas sobre la concentración de poder en la figura de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. En el organigrama, Hernández Gómez reporta a Claudia Arlett Espino, titular de la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez depende directamente de Taddei Zavala. Varios consejeros han acusado que esta estructura permite que se tomen decisiones presupuestales y operativas relevantes sin la deliberación y autorización del pleno, debilitando la colegialidad y la transparencia que deben caracterizar al órgano electoral.
El servicio contratado a la empresa GSM Comunicación y Publicidad, propiedad de Gilberto Solís Mendívil, consiste en la producción de dos videos documentales de 30 minutos cada uno que narren “los aspectos más relevantes de la coordinación histórica entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)” durante el inédito proceso para elegir cargos judiciales. El proyecto se justificó por los “retos de una elección inédita”.
La controversia se agrava por el historial del contratista. Gilberto Solís Mendívil fue mencionado en el juicio de Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, ente utilizado como vehículo para los desvíos multimillonarios de la Estafa Maestra. En las diligencias, Solís apareció como uno de los contratistas que facilitó la dispersión de recursos públicos hacia empresas fantasma, un esquema que desfalcó las arcas estatales.
Esta contratación llega en un momento de tensión interna crónica dentro del INE y de un debilitamiento de su imagen pública ante constantes señalamientos de partidos políticos. Analistas consideran que el uso de adjudicaciones directas a figuras con antecedentes cuestionables, lejos de fortalecer la credibilidad de la institución, la expone a nuevos cuestionamientos sobre el manejo ético de sus recursos y su compromiso real con la rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de producir material que busca, precisamente, narrar su propio quehacer con una óptica positiva.
La consejera Humphrey, con su deslinde público, ha puesto el reflector sobre una práctica que, según denuncian varios actores políticos, podría no ser aislada. Se espera que el Consejo General exija explicaciones formales en su próxima sesión y que este episodio incremente la presión para una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación y el flujo de información dentro del instituto, en vísperas de un nuevo ciclo electoral federal.
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