RedacciónLa Casa Blanca se vio obligada a modificar su estrategia y a nombrar un mediador en Mineápolis, Minnesota, tras el segundo asesinato de un civil a manos de agentes federales en esa ciudad en tres semanas, un hecho que ha desatado una ola nacional de repudio y protestas y ha impulsado un movimiento masivo de capacitación en resistencia civil pacífica en todo Estados Unidos. La víctima, Alex Pretti, un enfermero de cuidado intensivo, fue rociado con gas pimienta, sujetado y luego asesinado a quemarropa por un agente de la Patrulla Fronteriza, en un incidente completamente videograbado que contradice la versión oficial de las autoridades.
Los videos, que circularon ampliamente, muestran que Pretti, al igual que la primera víctima, Renee Good, era un ciudadano blanco sin historial criminal que no representaba una amenaza inminente para los agentes en el momento de la intervención. Pese a la evidencia visual, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza insistieron inicialmente en el mismo guion utilizado tras el primer homicidio, calificando a la víctima como una “amenaza al orden público” e incluso como “terrorista”, y argumentando que se “resistió violentamente”. El presidente Donald Trump y sus aliados circularon imágenes de una pistola que portaba Pretti –con permiso legal–, omitiendo que nunca la desenfundó.
La contundencia de las imágenes y la indignación pública forzaron un cambio dramático en la postura de la administración Trump. Para el lunes, el presidente anunció el envío a Mineápolis del llamado «zar fronterizo» Tom Homan, quien reportará directamente a la Casa Blanca y fungirá como mediador con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. Además, se informó que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y un contingente de agentes federales se retirarán de la ciudad, en una concesión tácita a las demandas de las autoridades locales.
La presión, sin embargo, no proviene solo de las calles. En Washington, el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja, el republicano Andrew Garbarino, solicitó testimonios de las agencias involucradas sobre sus tácticas. Incluso dentro del Partido Republicano y de las propias agencias federales han surgido voces críticas. Chris Madel, abogado defensor del agente que mató a Renee Good y candidato republicano a la gubernatura de Minnesota, anunció su retiro de la contienda, denunciando que las redadas se han convertido en “una represalia contra los ciudadanos” y calificando algunas tácticas de “inconstitucionales”.
Mientras la clase política maniobra, el movimiento de base ha tomado la iniciativa. La noche del lunes fue declarada «Día Nacional de Capacitación», con decenas de organizaciones como Indivisible, Sunrise Movement y la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) realizando talleres virtuales masivos para entrenar a la ciudadanía en documentación de abusos, acción directa no violenta y organización comunitaria. El objetivo, según los promotores, es “resistir el fascismo” con “cuidado, disciplina y estrategia”, aplicando las lecciones de Mineápolis a todo el país.
El asesinato de Alex Pretti, cuyo último acto fue preguntar “¿estás bien?” a una mujer agredida por un agente, ha galvanizado a sectores clave. Mary Turner, presidenta del poderoso sindicato National Nurses United, declaró: “Ya basta… Ahora tenemos que luchar… tenemos que combatir al ICE y sacarlos de nuestras comunidades”. Este sentimiento resuena desde Maine hasta Portland, donde cientos corean “ICE fuera”, en una demanda unificada para detener las redadas agresivas.
El caso de Mineápolis se ha convertido así en un punto de inflexión nacional, exponiendo la brutalidad de las tácticas de control migratorio y generando una coalición inédita de resistencia que une a veteranos activistas, profesionales de la salud, sindicatos, políticos locales de ambos partidos y ciudadanos comunes, todos capacitándose para una confrontación prolongada pero pacífica contra lo que muchos perciben como una escalada autoritaria.
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