PRI denuncia a Morena ante el INE por actos anticipados de campaña
El Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral contra coordinadores estatales de Morena por presuntos actos anticipados de campaña. La representación priista solicitó medidas cautelares urgentes para frenar la propaganda y eventos públicos relacionados con el proceso de selección de candidaturas a gubernaturas. La queja busca garantizar condiciones de equidad e imparcialidad rumbo a los comicios locales.
El documento fue ingresado por Emilio Suárez Licona, representante del partido tricolor ante el organismo electoral. La acción legal da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para auditar los recursos empleados en las actividades de posicionamiento.
Fiscalización y perfiles señalados por actos anticipados de campaña
La representación tricolor exigió verificar si los gastos reportados se encuentran registrados de manera oportuna en el Sistema Integral de Fiscalización. La medida busca transparentar el origen del financiamiento de las asambleas.
Entre las personas señaladas en la denuncia figuran las siguientes representaciones estatales de la Cuarta Transformación:
Nora Ruvalcaba Gámez, Aguascalientes
Julieta Ramírez, Baja California
Pablo Gutiérrez Lázarus, Campeche
Rosa María Bayardo, Colima
Beatriz Mojica, Guerrero
Carlos Torres Piña, Michoacán
Santiago Nieto Castillo, Querétaro
Eugenio Segura, Quintana Roo
Imelda Castro, Sinaloa
Verónica Díaz Robles, Zacatecas
El priismo sostuvo que la figura de coordinación estatal configura una estrategia sistemática para influir de forma indebida en el electorado. La controversia surge en el marco de la preparación para los procesos electorales locales 2026-2027, donde la ciudadanía renovará 17 gubernaturas.
Tribunal Electoral frena participación de Servidores de la Nación
En un tema paralelo, la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas celebró una resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El fallo revocó lineamientos previos aprobados por la autoridad electoral.
La determinación jurisdiccional prohíbe que personal adscrito a la estructura de Servidores de la Nación se desempeñe como supervisores o capacitadores electorales. Asimismo, el tribunal restringió su registro dentro de las convocatorias para observadores de comicios.
La representación priista señaló que la omisión de cruces de padrones entre los listados de programas sociales y los registros de personal electoral vulneraba la equidad institucional. La resolución judicial busca evitar dinámicas de coacción hacia personas beneficiarias de apoyos sociales.
Las autoridades del INE iniciarán la revisión de los elementos probatorios para determinar la procedencia de las medidas cautelares solicitadas sobre las gubernaturas.
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