Filiberto Cruz MonroyLa Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ha realizado vuelos encubiertos con drones MQ-9 Reaper sobre territorio mexicano para vigilar a cárteles de la droga, según fuentes consultadas por CNN. Estas operaciones, autorizadas durante el mandato de Donald Trump, buscan recabar inteligencia sobre grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, ahora clasificados como organizaciones terroristas por Washington.
Los drones no armados, usados previamente en misiones antiterroristas en Siria, Irak y Somalia, podrían sentar las bases para futuros ataques directos contra laboratorios y líderes criminales en México. Según The New York Times, estos cárteles colaboran con el Clan del Golfo colombiano para traficar migrantes hacia Estados Unidos, ampliando su influencia transnacional.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, declaró que no tenía conocimiento previo de los vuelos: «No podemos descartar espionaje porque no sabemos qué hicieron». Aunque autoridades estadounidenses aseguran que los drones operaron en espacio aéreo internacional, CNN afirma que incursionaron en cielo mexicano. Trevilla insistió en que no hubo violación del espacio nacional, pero la discrepancia subraya tensiones bilaterales.
Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, el gabinete de Trump tiene 14 días para diseñar sanciones contra los cárteles. La CIA notificó al Congreso estadounidense mediante un mecanismo reservado, típico de operaciones encubiertas. Funcionarios señalaron que, aunque actualmente los drones solo vigilan, su uso podría escalar hacia acciones militares, similar a estrategias en Medio Oriente.
A pesar de un histórico programa de colaboración antinarcóticos entre ambos países, estos vuelos reflejan una estrategia unilateral de EE.UU. La designación de cárteles como terroristas permite a Washington aplicar tácticas de contraterrorismo, algo que México rechaza por considerar una violación a su soberanía.
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum exige transparencia, analistas advierten que una escalada militar afectaría la estabilidad regional y complicaría la lucha conjunta contra el crimen organizado.