Jair FigueroaEl ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció que el relevo en la presidencia del máximo tribunal generará tensiones. Advirtió que la incertidumbre jurídica sobre los plazos y la sucesión mantiene un escenario complejo en el Poder Judicial.
En entrevista, Aguilar Ortiz explicó que la propia Corte definirá la duración de su mandato y el mecanismo de sucesión. Esto ocurre ante la contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución tras la reforma judicial.
El funcionario descartó abordar el asunto este año para evitar rupturas. Aseguró que introducir el debate de forma prematura afectaría la actual armonía y el entendimiento entre los integrantes del pleno durante sus sesiones cotidianas.
Tensión constitucional por el relevo en la SCJN
El debate jurídico se concentra en dos disposiciones de la Carta Magna que generan interpretaciones encontradas. El artículo 94 reformado establece periodos de dos años y una rotación basada en los votos de la elección popular.
Bajo este criterio, la ministra Lenia Batres Guadarrama perfila posibilidades de asumir la presidencia al ser una de las más votadas. Sin embargo, el artículo 97 señala que la duración debe ser de cuatro años con elección directa del pleno.
Esta contradicción abre la puerta a diversas interpretaciones sobre el tiempo exacto que le resta al actual dirigente. Las versiones sobre su salida anticipada han provocado inquietud en diferentes sectores políticos y empresariales del país.
Alternativas y escenarios futuros en el máximo tribunal
A la disputa constitucional se suman las versiones internas para impulsar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Pese a los rumores, tampoco existe claridad sobre el mecanismo jurídico que permitiría concretar este cambio de mando.
Ante este panorama, el ministro presidente optó por priorizar la resolución de los asuntos jurisdiccionales pendientes. Afirmó que su gestión aún cuenta con poco más de un año de actividades ordinarias por delante.
El jerarca judicial subrayó que la prioridad actual es preservar los acuerdos alcanzados entre ministros. Con ello busca evitar que la disputa sucesoria entorpezca las decisiones jurisdiccionales más relevantes para la justicia mexicana.
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