RedacciónEl juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, en perjuicio de dos aspirantes a la presidencia municipal en 2021, durante la audiencia celebrada el 10 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal, donde se determinó que los hechos fueron cometidos cuando el edil se desempeñaba como servidor público.
La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para Rivera Navarro, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, de máxima seguridad. El alcalde fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en su domicilio particular, ubicado en la calle 5 de Mayo, en el municipio de Tequila. Durante la continuación de la audiencia de imputación, el juez federal determinó reclasificar el delito para incorporar el agravante de que los hechos habrían sido perpetrados por servidores públicos en funciones.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la FGR, Diego Rivera Navarro es señalado como probable responsable del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Ambos fueron privados de su libertad en marzo de 2021. Las víctimas, según consta en la carpeta de investigación, habrían sido golpeadas y torturadas con el objetivo de obligarlas a renunciar a sus aspiraciones políticas. Durante el tiempo que permanecieron en cautiverio, los agresores habrían ejercido presión psicológica y física para consumar la renuncia de los precandidatos.
En la misma resolución judicial fueron vinculados a proceso Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, identificado también como director de Licencias en actuaciones judiciales. Ambos funcionarios fueron señalados como presuntos cómplices en la comisión de los delitos. Toribio Villareal y Pérez Sosa permanecerán privados de la libertad en el penal federal número 14, ubicado en el estado de Chiapas, mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.
La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General de la República concluya la investigación complementaria, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante este periodo, el Ministerio Público federal deberá integrar mayores elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos y definir la situación jurídica de los imputados.
Fuentes ministeriales señalaron que el alcalde de Tequila también es investigado en carpetas adicionales por su presunta participación en esquemas de extorsión dirigidos a empresas cerveceras y tequileras asentadas en la región Valles de Jalisco. Estas indagatorias apuntan a posibles vínculos con una célula delictiva con origen en la entidad, relacionada de manera probable con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las líneas de investigación incluyen el análisis de transferencias bancarias, comunicaciones y reuniones sostenidas entre el edil y presuntos operadores financieros del grupo criminal. Hasta el momento, la FGR no ha formulado imputación formal por estos hechos, pero se mantienen como parte de las pesquisas en curso.
Diego Rivera Navarro, quien gobierna el municipio de Tequila bajo la coalición Juntos Haremos Historia, enfrenta desde su detención una creciente presión política y social. El ayuntamiento de Tequila no ha emitido posicionamiento oficial tras la vinculación a proceso, aunque fuentes al interior del cabildo refieren que se analizan las rutas legales y administrativas para definir la situación del municipio. Tequila, considerado Pueblo Mágico y uno de los destinos turísticos más importantes del país, enfrenta un escenario de incertidumbre política. Organizaciones empresariales del sector tequilero han manifestado su preocupación por las presuntas redes de extorsión que operarían en la región y su posible impacto en la cadena productiva.
Con la vinculación a proceso, las personas imputadas deberán enfrentar el procedimiento penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa legal del alcalde de Tequila podrá impugnar la resolución mediante recurso de apelación, aunque fuentes judiciales consultadas consideran que los elementos de prueba presentados por la FGR robustecen la acusación. Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía General de la República deberá integrar el dictamen final de la investigación complementaria, el cual determinará si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral. De confirmarse la responsabilidad de los acusados, podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión, conforme a las agravantes contempladas en el sistema de justicia penal.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media