Jair FigueroaUna orden ejecutiva polémica
Este jueves, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que otorga amplios poderes a gobiernos estatales y locales para retirar de las calles a personas sin hogar y trasladarlas a centros de tratamiento, incluso sin que lo aprueben. La medida se justifica bajo el argumento de “restablecer el orden público” y brindar atención médica a quienes sufren enfermedades mentales y viven en condiciones de calle.
La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a revocar los precedentes judiciales que han protegido a las personas sin hogar de internamientos forzosos y a apoyar a gobiernos locales que quieran implementar estas medidas. “Este es un nuevo enfoque centrado en la seguridad pública”, sostiene el documento oficial.
Subvenciones condicionadas y endurecimiento de políticas
Además de los traslados involuntarios, la normativa ordena que los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte prioricen los fondos federales para aquellos estados y ciudades que apliquen con firmeza prohibiciones contra el consumo abierto de drogas, el acampar en la vía pública o el merodeo.
La administración Trump ya había dado pasos en este sentido. En marzo, el presidente ordenó al Servicio de Parques Nacionales eliminar los campamentos de personas sin hogar y borrar los grafitis en terrenos federales.
Según cifras citadas en el documento presidencial, más de 274 mil personas vivieron en las calles en una sola noche durante 2024, el número más alto jamás registrado en Estados Unidos.
Reacciones divididas: seguridad vs derechos civiles
Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una solución urgente ante una crisis de salud pública y seguridad, organizaciones civiles y de derechos humanos han alzado la voz. Diversos colectivos acusan a la administración Trump de criminalizar la pobreza y empujar una política de exclusión disfrazada de asistencia social.
“Esta orden ejecutiva ignora la dignidad humana. Obligar a personas a internarse sin su consentimiento es una violación a sus derechos”, señaló en un comunicado la organización Human Rights First.
Otros expertos señalan que esta política podría reabrir prácticas del pasado, como los antiguos hospitales psiquiátricos donde se internaba forzosamente a personas pobres o con enfermedades mentales, muchas veces sin procesos adecuados ni supervisión médica.
Ciudades en la mira: ¿se implementará en todo el país?
Aunque la orden ejecutiva federal da luz verde a este tipo de políticas, su implementación dependerá de cada estado o ciudad. En lugares como Florida, Texas o Arizona, donde hay gobernadores alineados con Trump, podría aplicarse de forma inmediata. Sin embargo, en estados como California o Nueva York, donde hay fuerte oposición demócrata, podría enfrentarse a acciones legales y bloqueos judiciales.
La fiscal Pam Bondi, nombrada recientemente como jefa del Departamento de Justicia, ha expresado que apoyará con firmeza a cualquier estado que quiera usar el internamiento civil para “rescatar” a personas sin hogar que no puedan valerse por sí mismas.
¿Qué implica el internamiento civil?
El internamiento civil es una figura legal que permite hospitalizar a una persona contra su voluntad si representa un riesgo para sí misma o para los demás. Esta medida, aunque legal en ciertos contextos, requiere evaluaciones médicas rigurosas y autorización judicial. Sin embargo, la orden de Trump busca facilitar su uso sin tantos obstáculos legales, lo que abre la puerta a abusos, según especialistas.
El trasfondo electoral
Analistas coinciden en que esta decisión también responde a una estrategia electoral de Trump rumbo a las elecciones de 2026. Al endurecer su discurso contra la inseguridad, la migración y la pobreza en las calles, busca conectar con un electorado conservador que percibe estos problemas como amenazas al orden social.
Conclusión: derechos en riesgo ante la narrativa de orden
La firma de esta orden ejecutiva marca un nuevo episodio en el enfoque de Trump hacia los temas sociales: prioriza la fuerza y el control antes que el enfoque de derechos humanos. Aunque plantea atender a personas con enfermedades mentales y sin techo, lo hace desde una lógica punitiva más que asistencial.
Queda por verse si los tribunales permitirán su implementación total y si los gobiernos estatales se sumarán a la iniciativa o la enfrentarán.
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