Ciria WeymanAunque de manera oficial Trump no ha anunciado una intervención militar directa en nuestro país, fuerzas de inteligencia estadounidense infiltrados como contratistas civiles o agencias de cooperación ya se encuentran operando en la frontera norte de México desde inicios de 2025, involucrados en rastreo de blancos prioritarios.
Al mismo tiempo, se evalúa la creación de “Zonas Seguras” en estados como Sonora y Tamaulipas dónde operaría inteligencia compartida, drones de vigilancia y comandos selectivos con supervisión gringa, pero con el acuerdo hasta ahora de no declarar la ocupación.
En su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump declaró la guerra a los cárteles frente al Congreso y los generales del pentágono. Cambió las reglas para que los comandantes militares puedan tomar decisiones con mayor discrecionalidad respecto a operaciones especiales en campos no convencionales y ataques dirigidos.
Los designó oficialmente como organizaciones terroristas en una lista que maneja el Departamento de Estado y cuya principal consecuencia es financiera, pues da facultad a las autoridades de frenar los flujos de dinero que atraviesen los bancos estadounidenses, facilitando el bloqueo de capitales y haciendo público el conocimiento de estas organizaciones.
Cambió a los tres abogados militares más importantes del pentágono, los únicos miembros que le pueden decir a un comandante militar que lo que está haciendo es inconstitucional y fungen como contrapeso legal del ejecutivo.
Donald Trump ha convertido su política de aranceles en un tema de seguridad nacional lo que hace que el ejecutivo tenga la capacidad de tomar acciones unilaterales sin preguntarle al Congreso si esto representa una emergencia.
Desde el punto de vista legal, la designación de los carteles como terroristas no autoriza una acción militar. Sin embargo, en la práctica Estados Unidos está sentando las bases para intervenciones militares como ocurrió en Afganistán contra los talibanes, así como en Irak y Siria contra el Estado Islámico.
Tampoco el nuevo embajador Ronald Johnson, llegó solo, sino que vino con un equipo de 40 asesores de inteligencia, contratistas de defensa y analistas de geolocalización. Están montando un centro de mando conjunto (no oficial) en Monterrey, aprovechando infraestructura estadounidense ya instalada en colaboración con empresas tecnológicas.
Johnson, exagente de la CIA y exembajador en El Salvador durante el primer mandato de Donald Trump fue ratificado por el Senado de Estados Unidos con 49 votos a favor y 46 en contra asumiendo el cargo en un contexto de tensiones bilaterales producto de la política de los aranceles de Trump.
El Gobierno de Estados Unidos, desplegó 9 mil soldados en la frontera con México a la par que el Gobierno Federal envió 10 mil elementos. Lo cual representa la mayor militarización fronteriza en la historia reciente.
Además de esto, el buque destructor USS Gravely, equipado con sistemas antisubmarinos de última generación ha sido desplegado en el Golfo de México para ayudar en las operaciones de seguridad fronteriza y tomar medidas enérgicas contra la inmigración y el narcotráfico.
La CIA ha incrementado el uso de drones MQ-9 Reapers para vigilar a los cárteles dentro de territorio mexicano, permitiendo localizar laboratorios de drogas como el fentanilo. Esta estrategia iniciada en la administración de Joe Biden y acelerada bajo Donald Trump ha generado fricciones con el actual Gobierno mexicano.
De fondo, la idea de intervenir militarmente en territorio mexicano, encaminada a terminar con los cárteles productores de fentanilo, una droga que mató en 2023 a 70 mil estadounidenses ha sido contemplada desde hace años por congresistas americanos.
Algunos miembros del gabinete, como los secretarios de Defensa y Estado y el asesor de seguridad nacional apoyan medidas militares que incluirían ataques aéreos, uso de fuerzas especiales y ciberataques. De no haber cooperación, Trump enviaría tropas a territorio mexicano.
En 2023 las incautaciones de fentanilo en la frontera con México ascendieron a 12.1 toneladas. Es importante mencionar que el 80 % de las personas detenidas por introducir fentanilo a través de la frontera son estadounidenses. Y que se debe trabajar también allá para evitar el tráfico de armas de alto poder a México que provienen de Estados Unidos.