La administración de Donald Trump anunció el fin de una práctica migratoria de 50 años que permitía a extranjeros obtener su residencia permanente sin salir de Estados Unidos. Los solicitantes de green card deberán ahora regresar a sus países de origen para completar el trámite.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó este viernes que eliminará el proceso de «ajuste de estatus», una medida que afectará a aproximadamente 600,000 personas que solicitan residencia permanente cada año.
Esta decisión marca un giro drástico en la política migratoria estadounidense y genera incertidumbre entre profesionales, familias y organizaciones humanitarias que consideran la medida como un obstáculo para la inmigración legal.
Se elimina proceso de medio siglo para residencia permanente
Hasta ahora, los extranjeros que se encontraban legalmente en Estados Unidos podían completar su proceso de green card sin abandonar el territorio nacional. Esta práctica beneficiaba a refugiados, asilados políticos, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores especializados.
La nueva directriz establece que estos individuos deberán regresar a sus países de origen para solicitar su estatus desde el extranjero. USCIS argumenta que las visas temporales no deben funcionar como «primer paso» hacia la residencia permanente.
Según la agencia, el sistema está diseñado para que los no inmigrantes se marchen una vez que termine su propósito específico de visita. La administración considera el ajuste interno como un «recoveco» legal que debía cerrarse.
Doug Rand, exasesor de USCIS, señala que el objetivo es reducir el número de personas que obtienen residencia permanente, ya que esta es el camino directo hacia la ciudadanía estadounidense.
Profesionales y familias enfrentan separación obligatoria
Los grupos más afectados incluyen médicos, trabajadores tecnológicos, titulares de visas religiosas y estudiantes que buscaban establecerse permanentemente en el país.
La medida creará «separación indefinida de familias», según advierte la organización World Relief. Muchos solicitantes tendrán que abandonar empleos y enfrentar costos de vida en el extranjero sin garantías de retorno.
El cambio es particularmente problemático para países donde no se procesan visas de inmigrante o donde las embajadas estadounidenses permanecen cerradas por razones de seguridad, como Afganistán desde agosto de 2021.
Los tiempos de espera para citas consulares pueden superar el año en algunas regiones. Esto significa que trabajadores que ocupan puestos clave deberán permanecer fuera del mercado laboral estadounidense por períodos prolongados.
Excepciones por «beneficio económico» generan controversia
USCIS deja una excepción para quienes aporten «beneficio económico» significativo o sirvan a los «intereses nacionales». Sin embargo, los criterios para definir este beneficio no han sido detallados.
Esta discrecionalidad preocupa a expertos que temen un sistema que favorezca a grandes inversionistas sobre profesionales de la salud o educadores vitales para la economía nacional.
La falta de claridad sobre si la medida afectará solicitudes en trámite aumenta la incertidumbre. Tampoco se especifica cuánto tiempo deberán permanecer las personas fuera del país.
El anuncio coincide con un momento de alta tensión en Washington, donde Trump canceló planes personales para permanecer en la capital debido a crisis con Irán y Cuba. Funcionarios de inteligencia mantienen alerta máxima durante el fin de semana del Día de los Caídos.
La nueva política representa un desafío sin precedentes para la planificación de miles de familias y empresas que dependen de trabajadores extranjeros legales, introduciendo volatilidad en sectores clave como salud, tecnología y cuidados.
