Jair FigueroaUn Tribunal Colegiado instruyó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a revisar si los ataques públicos realizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias mañaneras de 2022 impactaron la seguridad de la activista ambiental Tania Ramírez y de su familia.
Los señalamientos del expresidente incluyeron acusaciones de recibir pagos por oponerse al Tramo 5 del Tren Maya y descalificaciones públicas en medios, lo que derivó en amenazas, agresiones físicas y restricciones de acceso a áreas de Playa del Carmen donde Ramírez ejercía su activismo.
Antecedentes de la controversia
Según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en 2022 la espeleóloga y defensora feminista fue objeto de una campaña de descalificación pública dirigida también contra otros ambientalistas. Durante la conferencia mañanera, López Obrador la calificó de “pseudoambientalista” y cuestionó sus motivaciones financieras, lo que provocó agresiones en protestas frente al Palacio Nacional, hostigamiento en línea y limitaciones en su labor profesional y comunitaria.
El Consejo señaló que la evaluación de riesgo previa realizada por el Mecanismo de Protección no consideró de manera adecuada el impacto de los ataques presidenciales ni el contexto de violencia existente, omitiendo escuchar las objeciones de la activista y aplicando una metodología sin claridad ni transparencia.
La decisión del Tribunal
La sentencia del Tribunal Colegiado ordena a las autoridades del Mecanismo de Protección reponer y actualizar las medidas de seguridad, incorporando los efectos de los señalamientos públicos del expresidente en la evaluación de riesgo.
Entre las acciones que deberán realizar se incluyen:
- Un nuevo análisis de riesgo considerando las declaraciones públicas de AMLO y la exposición de datos personales.
- La emisión de un Plan de Protección ajustado, con medidas idóneas y coordinadas para garantizar la seguridad de la activista y su familia.
- Cumplimiento de estándares internacionales en protección de defensores de derechos humanos y periodistas, asegurando que la evaluación sea objetiva, integral y transparente.
El Tribunal enfatizó que la protección a personas defensoras de derechos humanos debe ser prioritaria, independiente del contexto político, y basada en la evidencia de riesgos reales derivados de la actuación pública de actores de alto perfil.
Impacto en la defensa ambiental y derechos humanos
El caso de Tania Ramírez refleja los desafíos que enfrentan los defensores del medio ambiente en México, especialmente cuando su labor implica confrontar proyectos de infraestructura de gran escala como el Tren Maya.
Organizaciones civiles han insistido en que ataques públicos desde cargos de poder generan un efecto de legitimación de agresiones, incrementando el riesgo para activistas y limitando su capacidad de trabajo. La decisión del Tribunal refuerza la necesidad de que las autoridades garanticen condiciones de seguridad y acceso pleno a sus derechos.
Tras la resolución judicial, el Mecanismo de Protección deberá:
- Revisar exhaustivamente el caso de Tania Ramírez, incluyendo el contexto de los señalamientos presidenciales.
- Actualizar su metodología de análisis de riesgo, tomando en cuenta factores políticos y públicos que aumenten la vulnerabilidad de defensores.
- Emitir un Plan de Protección con medidas específicas, seguimiento constante y coordinación interinstitucional para prevenir agresiones futuras.
Organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que esta decisión siente un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a la seguridad de activistas que enfrentan campañas de descalificación pública.
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