Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este 27 de agosto en conferencia de prensa que “termina una era muy cuestionada” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Poder Judicial, marcada —dijo— por corrupción, nepotismo y defensa de privilegios. El anuncio ocurre tras el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, y a pocos días de que el 1 de septiembre inicie la nueva etapa con jueces, magistrados y ministros electos por el pueblo de México.
Una nueva etapa en el Poder Judicial
Claudia Sheinbaum señaló que la reforma que da paso a la elección directa de los integrantes del Poder Judicial representa “una transformación profunda, única en el país”. Destacó que los nuevos jueces y magistrados tendrán la legitimidad del voto ciudadano y deberán responder a las necesidades de justicia con transparencia y cercanía a la gente.
“La Corte vivió una era de corrupción y nepotismo; lo que inicia el 1 de septiembre es algo histórico, elegido por el pueblo de México, y que nos coloca en un proceso de transformación profunda”, reiteró la mandataria federal.
Norma Piña entrega su último informe
La ministra presidenta Norma Piña rindió su último informe al frente de la SCJN, cerrando un periodo que estuvo en el centro de críticas por decisiones judiciales consideradas polémicas. Su gestión concluye en medio del cambio institucional impulsado desde el Ejecutivo y avalado en el Congreso.
El fin de esta etapa marca, según el gobierno federal, un corte con prácticas que debilitaban la confianza ciudadana en la justicia, como la falta de imparcialidad, la influencia de intereses privados y la herencia de privilegios dentro de la estructura judicial.
Gobernación: disposición total para trabajar con el nuevo Poder Judicial
En la misma conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que existe plena disposición de trabajar con los nuevos jueces, magistrados y ministros que asumirán el próximo 1 de septiembre.
“Estamos en la disposición, por la instrucción de la presidenta, de trabajar con el nuevo Poder Judicial y tener buenos resultados”, dijo.
La funcionaria adelantó que entre los primeros objetivos está la atención de casos relacionados con amnistías y personas detenidas injustamente por delitos menores. “Tenemos mucha esperanza en que esta transformación permitirá resolver asuntos pendientes y brindar justicia a quienes han permanecido encarcelados de manera injusta”, puntualizó.
Justicia y derechos como prioridad
Rodríguez subrayó que uno de los retos más importantes será atender con rapidez y sensibilidad los casos donde se vulneran los derechos humanos. Aseguró que con los nuevos nombramientos en el Poder Judicial, se abrirá la puerta para trabajar con jueces y magistrados que tengan la convicción de actuar en favor de la justicia y no de intereses particulares.
“Una de las cuestiones más satisfactorias para cualquier servidor público es poder ayudar en los casos de injusticia. Vamos a estar atentos para que esos temas se resuelvan”, añadió la secretaria de Gobernación.
El reto de la transición
El 1 de septiembre será clave para el funcionamiento del sistema judicial. Con la llegada de nuevos jueces y magistrados electos, se espera que la transición sea ordenada y que no se interrumpan los procesos en curso.
El gobierno federal insiste en que el nuevo Poder Judicial tendrá como prioridad la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, el reto será demostrar en la práctica que las decisiones judiciales estarán a la altura de las expectativas sociales.
Un cambio histórico
La transformación del Poder Judicial es considerada por la administración de Claudia Sheinbaum como una de las reformas más profundas de los últimos tiempos, al incorporar por primera vez en la historia de México la elección popular de jueces y magistrados.
El gobierno asegura que esta medida busca romper con décadas de opacidad y abrir la puerta a una justicia más democrática. El tiempo dirá si esta nueva etapa logra consolidar un sistema judicial más confiable y al servicio de la ciudadanía.
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