Jair FigueroaDurante su conferencia, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien criticó supuestas diferencias en el trato a distintos gobernadores en temas de seguridad.
La presidenta negó de manera directa las acusaciones y afirmó que no existe persecución política contra ninguna autoridad estatal.
Sheinbaum señaló que las acciones del gobierno federal se basan en pruebas y procesos legales, no en decisiones políticas o personales.
Además, reiteró que cualquier investigación en curso responde a elementos concretos y no a diferencias partidistas.
Investigación de la FGR y señalamientos
La presidenta también confirmó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación relacionada con este caso.
De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es revisar posibles actos fuera del marco de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.
La mandataria federal aseguró que en el caso de Chihuahua se detectó colaboración con el gobierno de Estados Unidos en acciones de seguridad.
Sin embargo, enfatizó que esta cooperación habría ocurrido sin cumplir plenamente los procedimientos legales establecidos.
Este punto ha generado debate, ya que involucra la participación de agencias extranjeras en operativos dentro del país.
El choque político entre Federación y Chihuahua
El conflicto se intensificó luego de declaraciones previas de Maru Campos, quien acusó que existe un trato desigual hacia distintos gobiernos estatales.
La gobernadora panista señaló que mientras a algunos mandatarios se les critica por acciones contra el crimen organizado, a otros se les protege políticamente.
En respuesta, Sheinbaum insistió en que no hay favoritismos y que cada caso se analiza con base en pruebas.
El intercambio de declaraciones ha evidenciado tensiones entre gobiernos estatales de oposición y la administración federal.
Lo que sigue en el caso
Por ahora, la investigación de la FGR sigue en curso y no se han anunciado resultados oficiales.
El tema podría escalar en el debate político nacional, especialmente en materia de seguridad y cooperación internacional.
Analistas consideran que este tipo de confrontaciones reflejan diferencias en la estrategia de combate al crimen organizado entre niveles de gobierno.
Mientras tanto, el caso permanece abierto y bajo revisión institucional.
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