FGR alista aprehensión de Inés Gómez por red de lavado

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló el presunto esquema financiero por el cual investiga a la conductora Inés Gómez Mont. De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, la imputada enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La investigación señala la recepción de fondos públicos desviados a través de empresas fantasma y la omisión en el pago de impuestos federales. La detención de la presentadora ocurrió el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, a cargo de autoridades migratorias de ese país.

Investigaciones señalan desvío en el sistema penitenciario

Las indagatorias de la FGR establecen que Gómez Mont presuntamente recibió en sus cuentas bancarias personales recursos de origen ilícito. Las autoridades identificaron un esquema de triangulación de fondos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Las operaciones investigadas se vinculan a contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos, presupuesto originalmente asignado a la seguridad del sistema penitenciario federal. Las corporaciones involucradas simulaban operaciones comerciales para desviar el dinero del erario hacia particulares.

Asimismo, la representación social sostiene que la investigada omitió la declaración de ingresos reales durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. Esta discrepancia representa una presunta defraudación al Fisco por más de 13 millones de pesos. Por estas conductas, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especializada de Control Competencial obtuvieron los mandamientos judiciales correspondientes. El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, cónyuge de la conductora, enfrenta un proceso paralelo tras ser aprehendido por autoridades estadounidenses en septiembre de 2025.

Trámite de extradición y situación jurídica actual

La FGR gestionó ante el Gobierno de Estados Unidos la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025. Ambas naciones mantuvieron intercambio de información operativa y la entrega formal de los mandamientos judiciales emitidos por jueces federales mexicanos. No obstante, la aprehensión reciente responde a un procedimiento estrictamente migratorio bajo jurisdicción estadounidense.

La institución confirmó que ejecutará las órdenes de aprehensión de manera inmediata en cuanto la persona sea deportada a territorio nacional. Ernestina Godoy subrayó que la imputada conserva la presunción de inocencia en todas las etapas del procedimiento. Corresponderá al Poder Judicial de la Federación determinar la responsabilidad penal conforme al debido proceso.

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