Jair FigueroaEl gobierno de Claudia Sheinbaum sugirió al Congreso de la Unión realizar precisiones a la reforma de la Ley de Amparo para evitar una posible aplicación retroactiva. La presidenta aseguró que su administración no avalará disposiciones contrarias a la Constitución y pidió garantizar plenamente el principio de no retroactividad establecido en el artículo 14.
Controversia por la Ley de Amparo
Tras la aprobación de la reforma en el Senado, el artículo transitorio generó preocupación por interpretaciones que podrían afectar derechos adquiridos. Sectores académicos, empresariales y sociales manifestaron inquietud sobre la posibilidad de que la norma se aplicara retroactivamente.
Intervención técnica de Arturo Zaldívar
Por instrucción de la presidenta, el exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, presentó ajustes al artículo transitorio para despejar dudas. Propuso reconocer expresamente el carácter procesal de la Ley de Amparo, establecer que las etapas procesales concluidas se rigen por la legislación vigente y precisar que las nuevas disposiciones solo aplicarán a actuaciones futuras.
Garantías y certeza jurídica
Zaldívar afirmó que estos cambios no modifican el sentido de la reforma, pero sí fortalecen el respeto al Estado de derecho y dotan de certidumbre a los justiciables.
Respaldo de Claudia Sheinbaum
La presidenta respaldó la propuesta técnica y reiteró que la intención de su gobierno es garantizar que la justicia sea rápida y eficaz, sin vulnerar derechos. Señaló que la Ley de Amparo debe operar siempre dentro del marco constitucional y proteger los derechos de las personas.
Llamado al diálogo legislativo
Sheinbaum pidió al Poder Legislativo abrir un diálogo constructivo para afinar la redacción del transitorio y evitar litigios innecesarios, destacando la importancia de claridad jurídica y respeto al Estado de derecho.
Con estas precisiones, el gobierno busca despejar cualquier ambigüedad y fortalecer la confianza en la Ley de Amparo. La Cámara de Diputados ahora tiene la responsabilidad de revisar y definir el texto final, asegurando que la norma cumpla con los principios constitucionales y proteja los derechos de los ciudadanos.
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