RedacciónLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gobierno de Estados Unidos informar si otorgó asilo a familiares de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa. En la conferencia matutina del 14 de mayo, la mandataria destacó la importancia de esclarecer esta situación.
Exigencia de transparencia
Sheinbaum criticó que, pese a que Estados Unidos ha declarado como terroristas a ciertas organizaciones criminales, ahora otorgue protección a personas relacionadas con ellas.
«Tienen que dar la información primero y segundo, porque es la información. No han informado por qué entraron, no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia», afirmó Sheinbaum.
La presidenta insistió en que es necesario conocer las condiciones bajo las cuales Estados Unidos permitió el ingreso de los familiares del «Chapo» y si existe algún tipo de acuerdo.
Contexto del caso
El 13 de mayo, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a un grupo de personas, presuntamente familiares de Joaquín Guzmán Loera, cruzando a Estados Unidos por el puerto de San Ysidro, California. Se informó que habrían solicitado protección al Buró Federal de Investigación (FBI).
Este hecho provocó que Sheinbaum cuestionara a las autoridades estadounidenses sobre su postura de no negociar con terroristas y la posible contradicción al brindarles asilo.
Críticas al uso del término «terrorismo»
Sheinbaum también advirtió sobre los riesgos de que el concepto de «terrorismo» sea utilizado de manera arbitraria para justificar acciones externas que afectan a México.
«¿Qué pedimos? Respeto, colaboración, coordinación. Hay muchos periodos en la historia de México en donde ha habido una gran colaboración, coordinación y respeto. No queremos que esto se pierda», señaló.
Primeros casos de narcoterrorismo
El 13 de mayo, Adan Gordon, fiscal federal de California, se convirtió en el primer funcionario estadounidense en presentar cargos de narcoterrorismo contra dos personas vinculadas al narcotráfico: Pedro Inzunza y Pedro Inzunza Coronel. Este hecho marca un precedente en la política estadounidense hacia el crimen organizado mexicano.
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