RedacciónAl hacer un balance sobre el destino que tuvo su iniciativa electoral conocida como Plan B, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la parte que más le importaba correspondía a la reducción de gastos en organismos electorales y en los congresos locales, así como bajar el número de regidores en los municipios. Sin embargo, consideró que no es bueno para el país que no se haya aprobado adelantar la revocación de mandato.
“La revocación de mandato existe pero no se aprobó que fuera en el mismo año que elecciones intermedias, ¿por qué negar esta posibilidad?, ¿qué problema tiene? Ninguno, por eso pienso que no es bueno para el país que no se haya aprobado”, aseguró durante su conferencia matutina.
En este contexto, cuestionada sobre el futuro de la alianza de los partidos Morena, Verde y del Trabajo, dijo que a ellos corresponderá definir si continúa. Sin embargo, reconoció que como alianza lograron sacar adelante reformas muy importantes como la reforma del Poder Judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, las modificaciones a la ley de Aguas o la reforma energética, además de otras 16 reformas constitucionales.
Los avances del Plan B
Sheinbaum subrayó que la reforma aprobada obligará a los consejeros electorales a percibir menos que lo que devenga la presidenta, prohibirá la contratación de seguros de gastos médicos mayores o la separación individualizada en organismos electorales y congresos. Con esto ya no se va a desperdiciar dinero proveniente del erario público para estos gastos que sólo generaban privilegios.
La mandataria consideró que no hubo argumentos suficientes para rechazar el adelanto de la revocación de mandato, pues se basaban en que si coincidían la consulta con las elecciones federales esto iba a significar que un partido tuviera más votos, lo cual, estimó, no era una interpretación aceptable.
La postura de Sheinbaum sobre el Plan B refleja su satisfacción por los avances en materia de austeridad republicana, pero también su inconformidad por el rechazo a adelantar la revocación de mandato, un tema que considera fundamental para la democracia participativa.
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