Jair FigueroaHomologación del feminicidio, objetivo principal de la iniciativa
La iniciativa de Sheinbaum propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio. Se busca que el delito tenga un marco legal uniforme en todo el país. Actualmente, cada estado tiene criterios distintos para tipificarlo, lo que genera desigualdad en sanciones y procesos de investigación.
El proyecto incluye la reforma del artículo 73 constitucional para permitir que el Congreso expida leyes generales sobre feminicidio. Esto permitirá una tipificación única, sanciones homogéneas y estándares de investigación con perspectiva de género obligatoria.
Coordinación entre federación y estados para garantizar justicia
El proyecto contempla fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales. Además, establece criterios claros para determinar cuándo un asesinato se comete por razones de género. Esto permitirá a las instituciones actuar con mayor eficacia y reducir la impunidad.
La iniciativa también propone medidas de reparación integral del daño. Incluye protección especial para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por feminicidio, con atención en salud, educación y apoyo psicológico.
Plazos y discusión en el Senado
El artículo transitorio fija 180 días naturales para que el Congreso expida la ley general, una vez aprobado el decreto. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que se analizará la propuesta “para evitar que más mujeres mueran por feminicidio”.
Se prevé que la discusión inicie el 7 de abril, cuando el Senado reanude sus trabajos legislativos. Entre 2018 y 2025 se registraron 26 mil 652 homicidios de mujeres en México, aunque no todos se investigan como feminicidio. La ley busca unificar criterios clave para combatir este delito grave de derechos humanos.
La iniciativa de Sheinbaum representa un paso clave para proteger a mujeres y niñas en México. Unificar la tipificación del feminicidio permitirá justicia más rápida y coordinación efectiva entre autoridades. La expectativa es que, con esta ley general, los procesos de investigación sean más eficientes y la impunidad disminuya de manera significativa.
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