Jair FigueroaLa Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesionará el jueves o viernes de la próxima semana para analizar la solicitud de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, presentada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, que lo investiga por presuntos actos de corrupción.
El diputado Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora, informó que la sesión tendrá como único punto en la agenda la revisión del expediente remitido por la fiscalía estatal.
“La próxima semana vamos a convocar a la Sección Instructora… hoy solo tenemos un tema, es la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche, no hay otro tema en este momento”, detalló Flores.
Contexto del proceso de desafuero
El expediente fue recibido por la Cámara de Diputados el 2 de agosto, y representa la segunda solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche en contra del dirigente priista.
En la primera ocasión, el procedimiento no prosperó por inconsistencias técnicas en la documentación enviada.
Esta nueva solicitud busca reabrir el caso para determinar si existen elementos suficientes que permitan retirar el fuero constitucional de Alejandro Moreno, con el fin de que enfrente un proceso judicial por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
Expropiaciones no forman parte del proceso
Flores aclaró que el expediente no incluye temas relacionados con las recientes expropiaciones de propiedades presuntamente vinculadas a Moreno Cárdenas, realizadas por el gobierno estatal encabezado por Layda Sansores.
“No forma parte de esta solicitud que vamos a desahogar, no hay ningún tema derivado o que se relacione con el asunto de la expropiación de algunas propiedades”, puntualizó el legislador.
De acuerdo con el presidente de la Sección Instructora, el análisis se concentrará únicamente en los hechos señalados por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, evitando mezclar elementos que no correspondan al expediente original.
Antecedentes del caso Alito Moreno
El dirigente del PRI ha enfrentado diversas acusaciones desde que dejó la gubernatura de Campeche. Entre ellas destacan presuntos enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos públicos y triangulación de contratos con empresas privadas.
En 2022, la gobernadora Layda Sansores difundió audios en los que supuestamente se escucha a Moreno hablando sobre presuntas prácticas ilegales, lo que provocó una confrontación política entre el gobierno de Campeche y el PRI.
Alito ha negado todas las acusaciones y ha denunciado persecución política. En reiteradas ocasiones ha afirmado que se trata de una estrategia de Morena para debilitar a la oposición rumbo al proceso electoral de 2027.
Qué sigue en el proceso legislativo
La Sección Instructora deberá determinar si el expediente cumple con los requisitos legales para iniciar el procedimiento de desafuero.
En caso afirmativo, el tema pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, donde los legisladores decidirán, por mayoría simple, si se retira o no la inmunidad parlamentaria de Moreno Cárdenas.
El proceso podría extenderse varias semanas, dependiendo del análisis de pruebas, alegatos y comparecencias. Mientras tanto, Alito Moreno continuará en funciones como diputado federal y líder nacional del PRI.
Implicaciones políticas
El eventual desafuero del dirigente priista tendría implicaciones significativas para la oposición, especialmente tras los resultados electorales recientes, en los que el PRI ha buscado mantener su influencia dentro de la coalición con PAN y PRD.
De concretarse, el desafuero abriría un precedente en la relación entre el poder legislativo y las fiscalías estatales, además de enviar un mensaje político sobre el combate a la corrupción.
Sin embargo, diversos analistas han advertido que el caso podría ser usado con fines partidistas, dado el historial de confrontación entre Alito Moreno y el gobierno de Campeche.
Reflexión final
El desenlace del proceso de desafuero definirá no solo el futuro político de Alejandro Moreno, sino también la capacidad del Congreso para mantener la imparcialidad ante los conflictos entre partidos y gobiernos estatales.
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