Jair FigueroaUn expediente que vuelve a colocarse en el centro del debate jurídico nacional
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite la solicitud de la FGR para atraer el expediente de Mario Aburto Martínez reactivó uno de los casos más sensibles en la historia reciente del país: el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994 en Lomas Taurinas.
La petición de la FGR busca que sea la Corte quien resuelva en definitiva el amparo directo 104/2021, cuyo análisis estaba programado para este martes en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca. Justo horas antes de la votación, la dependencia federal solicitó formalmente que el máximo tribunal asumiera la competencia del expediente.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, aceptó la solicitud ese mismo día, suspendiendo así la sesión en la que los magistrados emitirían un fallo que podría reducir —o confirmar— la pena impuesta a Aburto.
El amparo que abrió nuevamente el caso
El origen del conflicto jurídico se remonta a octubre de 2023, cuando el tribunal colegiado amparó a Aburto al determinar que su proceso debió conducirse con base en el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. Sin embargo, al procesarlo se aplicó el Código Penal Federal, lo que derivó en una condena de 45 años de prisión.
Para la FGR, revertir ese criterio es fundamental. La institución llevó el caso ante la Corte mediante un recurso de revisión, que en octubre de 2024 concluyó con una votación dividida: por tres votos contra dos, la Primera Sala ordenó reponer el procedimiento, exclusivamente para permitir la participación formal de los familiares de Colosio.
Pero el 4 de diciembre, el tribunal colegiado notificó que ningún familiar presentó manifestación alguna, liberando el camino para que el magistrado Jorge Mario Montellano elaborara un nuevo proyecto de resolución.
Los posibles escenarios jurídicos
Antes de la atracción de la SCJN, el tribunal tenía dos rutas posibles:
1. Ratificar su postura de 2023
Esto implicaría disminuir la pena de Aburto a un máximo de 30 años, con lo que podría quedar en condiciones de solicitar su libertad anticipada en un tiempo relativamente cercano.
2. Modificar el criterio y mantener la pena de 45 años
Una posibilidad viable, pues el tribunal que concedió el amparo en 2023 ya no está compuesto por los mismos tres magistrados.
La atracción del caso por parte de la SCJN paraliza temporalmente ambas rutas y coloca el tema en manos del máximo tribunal del país, que deberá pronunciarse sobre una cuestión clave: ¿qué legislación penal es la correcta para juzgar el homicidio de Colosio?
La postura de la FGR
La Fiscalía ha insistido en que la relevancia del caso amerita revisión por parte de la Corte, debido al impacto jurídico e histórico que representa para el Estado mexicano. Según su planteamiento, la resolución determinará no solo la situación legal de Aburto, sino también el criterio jurisdiccional sobre cuál legislación debe aplicarse cuando un delito atraviesa modificaciones legales posteriores.
La institución ha defendido que el proceso seguido contra Aburto se ajustó al marco constitucional y que la pena de 45 años es jurídicamente válida.
Un caso que sigue marcando generaciones
El asesinato de Colosio continúa siendo un punto de referencia dentro de la política mexicana. Aunque Aburto ha sostenido en diversas ocasiones que actuó bajo coacción, las autoridades han reafirmado su responsabilidad en solitario.
La revisión del caso por parte de la SCJN podría convertirse en una decisión histórica que reabra el debate sobre la justicia, el debido proceso y la memoria colectiva.
Mientras la Corte prepara el análisis del expediente, el país vuelve a mirar hacia uno de sus episodios más controversiales. La resolución no solo establecerá el destino jurídico de Mario Aburto, sino que también enviará un mensaje sobre la interpretación de la ley y la fortaleza de las instituciones en casos de alta trascendencia nacional.
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