Filiberto Cruz MonroyEl Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por 6 votos contra 3, la solicitud del Tribunal Electoral (TEPJF) para inhabilitar a cuatro ministros en la discusión de un proyecto que cuestiona resoluciones electorales y ordena a jueces revisar amparos contra la Reforma Judicial en 24 horas. La decisión aviva el debate sobre la independencia judicial y los límites de la crítica pública a reformas constitucionales.
El TEPJF alegó que los ministros Norma Piña, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez debían excusarse por haberse pronunciado públicamente contra la reforma, incluso en manifestaciones. Sin embargo, el ministro ponente, Gutiérrez Ortiz Mena, defendió que su proyecto busca resolver un conflicto de competencias, no evaluar la constitucionalidad de la reforma. La presidenta Norma Piña ratificó que la SCJN “no revisará la reforma constitucional”, enfocándose en aspectos procedimentales.
La decisión se tomó caso por caso, sin la participación de los ministros impugnados en sus propios votos. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenía Batres respaldaron abrir un incidente de suspensión para confirmar la inhabilitación, argumentando que los cuestionamientos públicos de los ministros podrían sesgar el proceso. No obstante, la mayoría consideró que las críticas no implican prejuzgar el fondo del asunto.
La polémica surge tras la aprobación de la Reforma Judicial impulsada por el gobierno federal, que somete la elección de jueces y magistrados al voto popular. El TEPJF ha otorgado suspensiones a más de 100 amparos contra esta reforma, generando fricciones con la SCJN. El proyecto en discusión exige a jueces revisar estos amparos en 24 horas, lo que críticos tildan de presión indebida.
El caso sienta un precedente sobre hasta qué punto los ministros pueden expresar posturas políticas sin comprometer su neutralidad. Mientras la minoría en la SCJN insiste en salvaguardar la imparcialidad judicial, la mayoría priorizó resolver el conflicto de competencias entre tribunales, evitando un choque institucional abierto.
El fallo refleja la tensión entre la autonomía judicial y los debates democráticos en México. Con la SCJN evitando inmiscuirse en la constitucionalidad de la reforma, el foco se mantiene en garantizar procesos claros, mientras la oposición judicial y política prepara nuevas batallas legales.