Jair FigueroaTras casi tres años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para votar un proyecto que podría poner fin al conflicto legal entre el actual diputado Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. El motivo: la difusión de un audio privado en el programa oficial “Martes del Jaguar” en octubre de 2022.
El caso será revisado este miércoles por el Pleno de la Corte, donde la ministra Margarita Ríos Farjat propondrá amparar a Monreal para que la gobernadora y otras autoridades estatales eliminen el contenido del programa y de las redes oficiales.
El origen del conflicto
Audio filtrado en programa oficial
El 25 de octubre de 2022, durante una emisión del programa “Martes del Jaguar”, Layda Sansores difundió un audio en el que se escucha supuestamente a Ricardo Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, discutir estrategias electorales para favorecer a David Monreal —hermano de Ricardo— rumbo a la gubernatura de Zacatecas.
Sansores afirmó que el audio fue entregado de manera anónima. Sin embargo, Monreal acusó que se trataba de una intervención ilegal de comunicaciones privadas y presentó una denuncia ante la FGR. Paralelamente, promovió un amparo para que se ordenara retirar el contenido de plataformas oficiales.
La postura de la ministra Ríos Farjat
Libertad de expresión vs. límites institucionales
En su proyecto de sentencia, la ministra Ríos Farjat sostiene que el discurso de Sansores no está protegido por la libertad de expresión, ya que fue realizado desde su posición institucional, utilizando recursos del gobierno del estado y medios oficiales, como redes sociales gubernamentales y logos del estado.
Según el análisis, no se trató de una opinión como ciudadana, sino de un posicionamiento institucional que involucró el uso de bienes públicos para divulgar información cuya legalidad de origen es dudosa.
“El caso es trascendente porque involucra a dos funcionarios públicos en conflicto, lo que obliga a distinguir los límites del derecho a la libertad de expresión cuando se ejerce desde una función de gobierno”, apunta el proyecto.
Implicaciones jurídicas
El estándar de “real malicia” no aplica
La gobernadora había argumentado que no actuó con “real malicia” y que el contenido difundido tenía valor informativo. Sin embargo, la ministra concluye que ese estándar —usado para evaluar la libertad de prensa en casos contra figuras públicas— no aplica entre funcionarios en funciones, y menos aún cuando uno de ellos utiliza medios del Estado para difundir información privada sin corroboración previa.
En otras palabras, el discurso oficial no puede ampararse en los mismos derechos que un medio independiente o un ciudadano. En este caso, la Corte deberá decidir si el uso de una plataforma oficial para divulgar material presuntamente ilícito viola derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia.
Reacciones y contexto político
Este caso ha generado debate sobre los límites del discurso político institucional, especialmente en un contexto donde programas como el “Martes del Jaguar” han sido utilizados para realizar acusaciones públicas desde plataformas gubernamentales.
De aprobarse el proyecto de Ríos Farjat, se sentaría un precedente sobre la responsabilidad legal de funcionarios públicos al usar medios del Estado para difundir contenido personal o sensible sin pruebas suficientes.
¿Qué puede pasar ahora?
La votación del proyecto está programada para el próximo miércoles. Si el Pleno de la Corte aprueba la propuesta, se ordenará el retiro del audio de todas las plataformas oficiales, y se ratificará el amparo a Ricardo Monreal.
Por otro lado, si se rechaza el proyecto, el litigio podría extenderse o abrir nuevas vías legales, tanto para Monreal como para otros actores que han sido señalados públicamente en medios oficiales sin sentencia previa.
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