Filiberto Cruz MonroyLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el miércoles una decisión histórica al ordenar al Congreso de Yucatán despenalizar el aborto en el estado. En una sesión de la Primera Sala, la Corte declaró inconstitucionales cuatro artículos del Código Penal de Yucatán, específicamente los artículos 389, 390, 392 y 393. Esta resolución se produce tras conceder un amparo a la organización civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, que promueve los derechos sexuales y reproductivos.
El artículo 392, en particular, establecía sanciones de tres meses a un año de cárcel para las mujeres que procuraran un aborto o consintieran en que otro lo realizara. La decisión de la Corte obliga al Congreso yucateco a derogar estas normas que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo. La medida busca garantizar que las mujeres en Yucatán puedan ejercer sus derechos reproductivos sin enfrentar represalias legales.
Durante la sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat, quien estaba a favor del proyecto, expresó su preocupación respecto a los efectos extensivos de la decisión. Aunque apoyó el sentido del fallo, propuso que los efectos de la inaplicación de las normas se limitaran a la organización civil que promovió el amparo. Sin embargo, la mayoría de los ministros decidieron otorgar el amparo con efectos generales, lo que implica que las normas derogadas no solo se aplicarán al caso específico de la organización, sino que tendrán un impacto más amplio.
El proyecto de la ministra Ríos Farjat concluyó que la asociación civil podía impugnar el sistema normativo que prohibía el aborto en Yucatán, dado su largo historial de trabajo en derechos sexuales y reproductivos. La Corte determinó que los artículos en cuestión vulneraban el derecho humano a decidir sobre la procreación, al imponer restricciones incluso en las primeras etapas del embarazo. Esto reflejó una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.
Con esta sentencia, la Suprema Corte reafirma su rol en la protección de los derechos humanos y la igualdad de género. La decisión representa un avance significativo hacia la garantía del acceso a servicios de salud reproductiva y destaca la importancia de adaptar las leyes a los estándares internacionales de derechos humanos. La resolución del alto tribunal marcará un antes y un después en la legislación sobre aborto en México, desafiando las normas restrictivas y promoviendo un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos individuales.