Filiberto Cruz MonroyCon consignas como «Loretta, amiga, el SME está contigo», la ministra Loretta Ortiz Ahlf arrancó su campaña ante sindicatos como el SME y Cruz Azul, prometiendo «justicia para trabajadores». La candidata, quien se autodenomina «la única con experiencia en el Consejo de la Judicatura», reveló anécdotas polémicas: «Intentaron ablandarme para no despedir a un juez acosador».
Mientras tanto, Yasmín Esquivel –famosa por su polémico caso de plagio académico– inició su campaña en el TESE de Ecatepec, enfatizando su rol como «la primera mujer propuesta por AMLO». Aunque evitó eventos masivos (por las restricciones electorales), usó redes sociales para posicionarse como defensora de «la justicia cercana al pueblo».
Desde Tlalpan, Lenia Batres lanzó un discurso disruptivo: «El Poder Judicial debe eliminar privilegios». Propuso reorganizar defensorías públicas y priorizar la justicia social, criticando que «la pobreza es la mayor injusticia en México». Su bandera: reducir su sueldo al nivel del presidente y transparentar recursos.
Por primera vez, las candidaturas judiciales enfrentan restricciones históricas:
* Prohibido financiamiento público/privado o eventos masivos.
* Permitido sólo propaganda en papel reciclable y foros invitados.
* Estrategia clave: Viralizar mensajes en Twitter, Facebook y TikTok.
Ortiz, Esquivel y Batres no renunciaron a sus cargos como ministras, optando por el «pase automático» a la candidatura. Esto genera críticas sobre imparcialidad, especialmente en casos como el de Esquivel, quien sigue en funciones pese a investigaciones pendientes.
El 1 de junio, los mexicanos elegirán 881 cargos judiciales federales (incluyendo 9 ministros). Con un sistema de cómputo lento (resultados en 12 días), la pregunta es: ¿Lograrán estas campañas sin presupuesto conectar con el electorado?
Prospectiva
Esta elección podría redefinir el perfil ideológico de la SCJN por décadas. Si triunfan candidatas como Batres u Ortiz, veremos una Corte más crítica con élites; si gana Esquivel, se consolidaría el proyecto de la 4T. Pero el verdadero desafío será evitar que el proceso caiga en desinterés ciudadano o controversias por conflicto de interés. Una cosa es clara: la justicia mexicana ya no será la misma.