Jair FigueroaEl empresario Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 48 mil millones de pesos en adeudos fiscales tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó el monto y dejó sin efectos los medios de defensa disponibles. La decisión implica que el Servicio de Administración Tributaria puede iniciar un procedimiento de embargo en cualquier momento, señalaron fiscalistas consultados. El proceso aplica en México cuando un contribuyente agota recursos legales y mantiene adeudos firmes y exigibles.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, el país acumula alrededor de 3 billones de pesos en adeudos fiscales, de los cuales 2.6 billones pertenecen a empresas, y 1.1 billones provienen de grandes contribuyentes. No todos pueden cobrarse porque una parte permanece en litigio, pero el caso de Salinas Pliego ya está en etapa definitiva, lo que permite al SAT ejecutar medidas directas.
Adeudo firme significa acción inmediata
Especialistas explican que, una vez agotadas las instancias judiciales, el crédito fiscal se vuelve exigible y el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, previsto entre los artículos 145 y 196 del Código Fiscal de la Federación.
Jesús Rodríguez, presidente de la Comisión de Evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, detalló que este proceso permite a la autoridad fiscal embargar bienes, cuentas bancarias, acciones, marcas, inmuebles e incluso inventarios. Agregó que también es posible realizar una intervención con cargo a caja, lo que permite que un interventor tome control de los ingresos de las empresas del contribuyente.
El proceso contempla el embargo de negociaciones completas, así como derechos de cobro, dinero y valores. En casos donde la autoridad identifica riesgo de evasión, puede ordenar además el congelamiento de cuentas bancarias mediante el sistema financiero, con fundamento en el artículo 156-Bis del Código Fiscal.
Impacto en reputación y operaciones
Además de las medidas directas, un contribuyente con adeudos firmes puede aparecer en la lista de incumplidos del SAT, conforme al artículo 69 del Código Fiscal. Esto afecta su reputación, dificulta la contratación con proveedores y puede restringir operaciones con instituciones financieras, advirtieron especialistas.
Otro riesgo es que, debido a que las empresas del empresario forman parte de un conglomerado, la autoridad puede revisar operaciones internas, precios de transferencia, deducciones y reestructuras corporativas. Si detecta simulación, puede aplicar la figura de responsabilidad solidaria, lo cual permitiría extender el cobro a socios o administradores.
¿Qué opciones tiene el empresario?
La fiscalista Virginia Ríos explicó que Salinas Pliego puede solicitar un esquema de pago en parcialidades por hasta 36 meses. Sin embargo, este mecanismo incluye recargos y actualizaciones que aumentarán el monto final. Para 2026, la tasa mensual aprobada por el Congreso subirá a 1.97%, lo que encarecerá aún más el adeudo.
“No existe posibilidad de que le perdonen recargos o actualizaciones. Entre más tiempo pase, más altos serán los intereses”, señaló. Si el empresario no cuenta con liquidez suficiente, el SAT puede embargar bienes de las empresas deudoras o incluso exigir el pago a un tercero responsable. En casos específicos, socios y administradores pueden asumir responsabilidad solidaria para cubrir los pagos de ISR.
Un caso emblemático en la fiscalización mexicana
Este caso se ha convertido en uno de los más mediáticos en la historia reciente de la fiscalización en México. Representa un precedente en el trato a grandes contribuyentes y refleja la postura del gobierno federal en la recuperación de adeudos fiscales.
Los expertos coinciden en que, legalmente, la voluntad del contribuyente no es determinante. Una vez que el adeudo es definitivo, la ley faculta al SAT para ejecutar las acciones necesarias sin requerir la autorización del deudor.
Llamado a la ciudadanía
La determinación final y las acciones que tome la autoridad fiscal en los próximos días podrían marcar un nuevo capítulo en la relación entre grandes consorcios y el fisco mexicano. El desenlace será clave para evaluar el impacto económico, jurídico y político que este caso tendrá en el país.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media