Jair FigueroaEl Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó en 2026 la supervisión sobre organizaciones civiles en México, con el objetivo de garantizar el uso correcto de los recursos, evitar irregularidades y reforzar la transparencia en las donatarias autorizadas que operan en el país.
Esta estrategia forma parte de un plan más amplio de fiscalización que busca revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas por parte de asociaciones que reciben donativos deducibles de impuestos. En los últimos años, el SAT ha detectado inconsistencias en reportes financieros y uso de recursos, lo que ha derivado en un mayor control sobre estas entidades.
De acuerdo con especialistas, las organizaciones civiles ahora enfrentan un entorno más exigente en materia de rendición de cuentas. Esto implica mantener actualizada su información fiscal, justificar el origen y destino de los recursos y cumplir con reportes periódicos más detallados. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, cancelación de autorizaciones o incluso procesos legales.
El endurecimiento de estas revisiones también impacta a quienes donan, ya que la permanencia de las donatarias autorizadas garantiza que los recursos se utilicen conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones han señalado que el aumento en la carga administrativa podría dificultar su operación, especialmente en aquellas con menos recursos.
Analistas coinciden en que el reto será encontrar un equilibrio entre la fiscalización y el apoyo al sector social. Mientras el SAT busca mayor control, las organizaciones civiles insisten en la necesidad de mantener condiciones que les permitan continuar con su labor en comunidades vulnerables.
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