RedacciónEn un esfuerzo por transformar el sistema penitenciario, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha destinado más de mil 500 millones de pesos durante los primeros tres años de su administración para la modernización de penales en el estado. El anuncio fue realizado durante una reunión de la Mesa de Seguridad llevada a cabo en el Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 Norte, ubicado en Apodaca, donde el mandatario estatal encabezó un recorrido junto con integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Una transformación estructural del sistema penitenciario
Durante su intervención, García Sepúlveda explicó que los recursos han sido utilizados para mejorar la infraestructura, reducir el hacinamiento y eliminar el autogobierno en los centros penitenciarios, con el objetivo de dignificar la vida de las personas privadas de la libertad (ppl). El gobernador detalló que antes de esta intervención existían hasta 17 internos por celda en algunas instalaciones, lo que generaba condiciones inhumanas y propiciaba el control interno por parte de grupos criminales.
La inversión también permitió liberar espacios y establecer el control total de las cárceles bajo la supervisión de la Fuerza Civil. «Hemos invertido para que ya no haya sobrepoblación. Antes, Nuevo León tenía hasta 17 personas por celda, un hacinamiento total. Hoy está todo bajo el mando de la nueva Fuerza Civil», explicó el mandatario.
Próxima fase de inversión penitenciaria
Además de los mil 500 millones de pesos invertidos, García Sepúlveda anunció que el gobierno estatal ya contempla una segunda fase con otros mil 500 millones de pesos para los siguientes tres años de administración. Esta nueva etapa buscará consolidar la mejora de las condiciones carcelarias, ampliar la infraestructura y fortalecer los programas de reinserción social en todo el estado.
Durante el recorrido en el CERESO 2 Norte, el gobernador estuvo acompañado por miembros de la Mesa de Seguridad y asambleístas de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, quienes también evaluaron los avances logrados en materia de seguridad penitenciaria y control institucional.
Nuevo León: líder nacional en reducción de homicidios
La estrategia penitenciaria forma parte de un enfoque integral de seguridad que ha rendido frutos. El gobernador destacó que el mes de julio de 2025 se perfila como el mejor en una década en cuanto a disminución de homicidios, al registrar una baja del 80 por ciento en términos per cápita. Esta tendencia ha sido reconocida a nivel nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
«En la Mañanera dieron a conocer y confirmar los números de Nuevo León como el estado que más redujo homicidios, el estado que más ha bajado los delitos. Pasamos del lugar cuarto al 21. Ya es confirmado por nuestra Presidenta y es un tema nacional», subrayó el mandatario.
Colaboración interinstitucional y supervisión nacional
El respaldo federal a los esfuerzos estatales ha sido clave en la ejecución del plan penitenciario. Durante la visita al penal en Apodaca, los asambleístas nacionales reconocieron la eficiencia con la que Nuevo León ha implementado acciones para combatir la violencia y dignificar los centros de reclusión.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad estatal ha establecido protocolos de seguimiento y evaluación permanente para asegurar que las mejoras estructurales y administrativas cumplan con los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos y reinserción.
Un modelo replicable a nivel nacional
Los resultados en Nuevo León podrían servir como modelo para otras entidades del país, especialmente aquellas que enfrentan problemas similares de hacinamiento y control interno por parte de grupos criminales. La inversión millonaria, la voluntad política y el acompañamiento de instituciones federales y organismos especializados han sido factores determinantes para el éxito del programa.
Con la segunda fase de inversión ya en camino, se espera que el sistema penitenciario del estado no solo mantenga su transformación, sino que la profundice, en beneficio de la seguridad pública y del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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