Jair FigueroaEl empresario Ricardo Salinas Pliego presentó este miércoles una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de una presunta persecución política, fiscal y judicial iniciada en 2023, con el objetivo —según su versión— de restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público.
La queja fue expuesta en la Ciudad de México ante Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, y se da en el contexto del prolongado conflicto legal entre el dueño de Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por créditos fiscales multimillonarios determinados hace más de una década.
Salinas Pliego acude a instancias internacionales
De acuerdo con un comunicado de Grupo Salinas, el magnate solicitó que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y emita medidas que garanticen la no repetición de los hechos denunciados, así como la restauración de la independencia judicial y la protección de la libertad de expresión y del derecho de propiedad.
Señalamientos contra el Estado mexicano
En su denuncia, Salinas Pliego aseguró que sus empresas han sido objeto de una persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, la cual —afirma— tiene un carácter coercitivo y no recaudatorio, y estaría orientada a silenciar voces críticas del actual proyecto político en el poder.
El empresario sostiene que, pese a su supuesta disposición para resolver sus obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas sistemáticas y un trato que considera discriminatorio.
Acusaciones contra el gobierno y medios públicos
Como parte de su queja ante la CIDH, Salinas Pliego acusó directamente a medios de comunicación estatales y a las vocerías oficiales del gobierno federal de emprender una campaña para dañar su reputación.
Conferencias presidenciales bajo señalamiento
El empresario incluyó en sus señalamientos a las conferencias matutinas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, previamente, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a las que acusó de utilizar el espacio institucional para atacarlo públicamente.
Según su versión, estas acciones formarían parte de una estrategia para desacreditarlo y limitar su influencia en el debate público nacional.
El trasfondo fiscal del conflicto
La denuncia presentada ante la CIDH ocurre tras más de una década de litigios entre las empresas de Grupo Salinas y el SAT, derivados de créditos fiscales multimillonarios relacionados con operaciones contables que la autoridad calificó como irregulares.
Una batalla legal prolongada
Durante años, las empresas del conglomerado interpusieron decenas de amparos y recursos legales para evitar el pago de los adeudos fiscales. El conflicto llegó en múltiples ocasiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 13 de noviembre, la SCJN resolvió de manera definitiva el caso, ordenando que Grupo Salinas pague los créditos fiscales determinados por el SAT, cerrando así la vía judicial interna para el empresario.
Omisiones y contradicciones en el discurso empresarial
El comunicado difundido por Grupo Salinas omitió mencionar que el propio Ricardo Salinas Pliego declaró públicamente en varias ocasiones que no pagaría los adeudos fiscales reclamados por la autoridad, postura que sostuvo durante años en redes sociales y entrevistas.
Críticas a su narrativa de persecución
Especialistas han señalado que la estrategia de acudir a instancias internacionales forma parte de un intento por reencuadrar un conflicto fiscal como un caso de persecución política, especialmente después de que se agotaran los recursos legales en el ámbito nacional.
Ruptura con la Cuarta Transformación
A raíz de este diferendo con el SAT, Salinas Pliego rompió su relación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en uno de los críticos más visibles y constantes del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
Uso de plataformas mediáticas
Desde entonces, el empresario ha utilizado activamente sus redes sociales y los espacios informativos de TV Azteca para cuestionar y confrontar las políticas del gobierno federal, intensificando el tono de sus críticas en los últimos años.
¿Qué puede resolver la CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede admitir o desechar la denuncia, emitir recomendaciones al Estado mexicano o, en casos excepcionales, escalar el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el proceso suele ser largo y no suspende las obligaciones fiscales ni las resoluciones judiciales ya emitidas por tribunales nacionales.
Un caso con implicaciones políticas y legales
La denuncia de Salinas Pliego abre un nuevo capítulo en la confrontación entre uno de los empresarios más influyentes del país y el Estado mexicano, en un contexto marcado por tensiones entre el poder económico, el poder político y el sistema judicial.
El desenlace del caso podría tener implicaciones relevantes en el debate sobre libertad de expresión, fiscalización y el uso de instancias internacionales como mecanismo de presión política.