Héctor O. CarriedoAlexis de Tocqueville, politólogo francés del siglo diecinueve, agudo observador de la construcción del sistema democrático burgués en los EE.UU, escribió en su clásica y testimonial obra La Democracia en América (1834), con respecto al entonces naciente sistema representativo, federalista y republicano en los EE.UU. lo siguiente:
Los yanquis han confiado a sus tribunales un inmenso poder … Los jueces federales, no solo deben ser buenos ciudadanos, hombres instruidos y probos, cualidades necesarias a todos los magistrados, es necesario que sepan discernir el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos que se puedan vencer, y rechazar la corriente, cuando la ola amenaza arrastrar con ellos mismos la soberanía de la nación y el respeto dado a sus leyes…Pero si los ministros del tribunal supremo son seres deshonestos e inestables el sistema de gobierno puede colapsar, alentando los conflictos y el desorden social.
En la actualidad, en México el Poder Judicial Federal (PJF) presenta una problemática compleja, que se ha venido agravando en el último lustro. En primer lugar, una percepción generalizada de corrupción, destacando señalamientos de favoritismo y tráfico de influencia de delincuentes de cuello blanco, nexos y complicidades entre algunos jueces y el crimen organizado, lo cual erosionó la confianza ciudadana en la impartición de justicia, y alentó las demandas y necesidades de la reforma.
Los cuestionamientos principales a la reforma constitucional de 2024, giran en torno a sofismas tales como una supuesta pérdida de independencia judicial, la politización del sistema y el riesgo de colapso operativo debido a la sustitución masiva de jueces.
En efecto, la reforma ha provocado reacciones en algunos círculos académicos y judiciales, argumentando una supuesta politización de la justicia, ya que “se sometería” a los jueces a presiones políticas, comprometiendo su imparcialidad y el Estado de Derecho. Sin embargo, en los hechos, durante décadas la independencia judicial ha sido solo formal, ya que ministros, magistrados y jueces han estado vinculados y, en ciertos casos, sometidos a poderes fácticos y grupos de interés poderosos que influyen en sus determinaciones, sentencias y resoluciones.
Antes de la reforma constitucional de 2024, la independencia del PJF estaba solo formalmente garantizada por la Constitución, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como órganos rectores, pero en la práctica enfrentaba cuestionamientos y limitaciones significativas.
La elección de jueces por voto popular es vista como un riesgo para la independencia judicial, ya que, opinan sus detractores, podría priorizar intereses políticos o populares sobre la imparcialidad y el conocimiento técnico. No obstante ello, de mucho tiempo atrás, es claro que la SCJN está politizada y vinculada a grupos de interés y de presión que han tejido complejas redes de cabildeo, tráfico de influencia y sobornos, favoreciendo, por décadas, intereses de partidos políticos dominantes, grupos de interés y oligopolios del sector privado.
La implementación de la reforma ha sido interpretada por sus detractores como un intento de los poderes Ejecutivo y Legislativo por controlar al PJF, y “vulnerar” el equilibrio entre poderes. Sin embargo, en los hechos, ministras y ministros de la SCJN -sin excepción- han debido su designación a algún vínculo con el titular del Poder Ejecutivo en turno. Esto ocurrió tanto en tiempos del PRI monolítico (1928-2000), como en los de la “transición” democrática y la alternancia fallida (2000-2018), periodos en los que nunca hubo tal independencia y autonomía del poder judicial.
Si bien el sistema de carrera judicial, regulada por el CJF, buscaba profesionalizar a los juzgadores, asegurando que su permanencia y ascenso dependieran de criterios técnicos y no de influencias externas, en los hechos el sistema acusa prácticas de nepotismo, opacidad y deficiente rendición de cuentas.
En el último lustro, la SCJN y otros tribunales federales, emitieron fallos que desafiaron actos y decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como la invalidación de leyes o políticas públicas (lo que se conoce como lawfare); ello para proteger intereses particulares y privados, socavando el interés público, colectivo y social, al obstruir la implementación de políticas y obras de gobierno.
En los hechos, en las estructuras del PJF, factores como la corrupción, la injerencia de actores de oposición al gobierno en turmo, la resistencia a acatar normas de austeridad administrativa y la opacidad han comprometido su supuesta independencia, imparcialidad y objetividad en muchos casos.
Por lo tanto, no puede asegurarse que el PJF sea actualmente un poder independiente y autónomo, toda vez que su autonomía está acotada por problemas estructurales internos y factores contextuales que afectan su funcionamiento y percepción de desconfianza pública.
Adicionalmente, en el periodo comprendido entre el 2020 y el primer cuatrimestre de 2025, el PJF ha liberado a más de 160 presuntos líderes o integrantes de organizaciones criminales, incluyendo 72 casos destacados de delincuencia organizada. Entre ellos, 26 estaban vinculados a cárteles como el de Sinaloa, CJNG y otros, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Estas liberaciones, han sido “justificadas” por irregularidades procesales (como detenciones sin orden judicial o fallas en la integración de expedientes). Los jueces han dado preeminencia a tecnicismos legales sobre la seguridad pública, permitiendo la liberación de criminales de alto impacto. Estos casos alimentaron, aún más, la percepción de un PJF corrupto e ineficaz.
El nepotismo en el PJF ha sido tambien un tema recurrente en el debate público, especialmente en el contexto de la reforma judicial que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio. El nepotismo, entendido como la práctica de favorecer a familiares o personas cercanas en la asignación de cargos públicos, es sin duda un problema estructural en el PJF. Esta percepción ha reforzado la narrativa de la reforma judicial, que busca combatir la corrupción y el nepotismo mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Los señalamientos de nepotismo no solo se refieren a la contratación de familiares, sino también a redes de influencia que afectan la imparcialidad y transparencia del sistema judicial. En 2022, un estudio del Consejo de la Judicatura Federal reveló que entre el 15% y el 78% de los jueces en los circuitos judiciales tenían al menos un familiar trabajando en el mismo circuito.
Se identificaron 6,000 redes familiares en tribunales y juzgados federales, con casos extremos donde una red incluía hasta 79 parientes en distintos niveles del PJF.
Según la Secretaría de Gobernación, en 2024 el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares trabajando en el PJF, incluyendo hijos, cónyuges, padres, tíos y suegras. 112 juzgadores tienen cónyuges o exparejas en el PJF, y 136 hermanos empleados en el mismo ámbito.
El próximo 1 de junio se elegirán un total de 881 cargos a nivel federal. Los cargos a elegir fueron definidos mediante un sorteo realizado por el Senado de la República, seleccionando la mitad de las magistraturas y juzgados de distrito para esta elección. Incluyen 711 juzgadores en activo y 139 vacantes, lo que refleja una renovación significativa:
11 cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
464 cargos de magistradas y magistrados de Circuito. Estos forman parte de los tribunales de circuito que resuelven apelaciones y amparos.
386 cargos de juzgados de distrito. Estos manejan casos de primera instancia en materia federal, como amparos y controversias constitucionales.
17 cargos de magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estos resuelven controversias electorales y garantizan la legalidad de los procesos electorales.
Además de los cargos federales, en algunas entidades como el Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima, se elegirán cargos locales, como el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y otros magistrados locales.
Será un evento histórico y el primer paso hacia la democratización progresiva de los poderes judiciales del país en su conjunto.
Como conclusión, es oportuno citar a Nicolás Bernardo Maquiavelo en su célebre obra El Príncipe (1513), donde sentenciaba: Menester es que los jueces sean numerosos, porque los pocos actúan siempre como pocos… Aquel que juzga debe escuchar pacientemente a las partes y dar razón y justicia con imparcialidad a quien la tuviera.