Jair FigueroaEl Senado de la República aprobó una reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios a un máximo de 70 mil pesos mensuales, medida que fue confirmada por la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, quien aclaró que no aplicará para la clase trabajadora, sino únicamente para altos mandos del sector público.
La reforma al artículo 127 de la Constitución fue avalada por unanimidad en el Pleno la semana pasada y tiene como objetivo establecer un límite en las jubilaciones de exfuncionarios que ocuparon cargos de confianza en organismos públicos descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos federales. El monto máximo permitido será equivalente a la mitad del salario de la presidenta de la República.
Castillo explicó que esta medida busca eliminar privilegios en el sector público, particularmente en casos donde exservidores públicos percibían pensiones considerablemente superiores al promedio nacional. “La reforma busca que los exfuncionarios no puedan percibir más de 70 mil pesos mensuales”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.
La legisladora subrayó que la iniciativa no afecta a trabajadores de base ni a jubilados del sector privado o público en niveles operativos. El alcance se limita a quienes desempeñaron funciones de alto nivel dentro de estructuras gubernamentales, como empresas productivas del Estado, instituciones financieras públicas y entidades paraestatales.
El debate sobre las pensiones doradas ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la percepción social sobre desigualdad en el acceso a prestaciones dentro del sector público. Con esta reforma, el Senado busca reforzar el principio de austeridad y equidad en el manejo de recursos públicos, sin afectar los derechos de la mayoría de los trabajadores.
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