Jair FigueroaEl coordinador general de política y gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, explicó este jueves que la reforma a la Ley de Amparo, presentada como parte de la armonización con la Reforma al Poder Judicial, busca frenar los abusos en el uso de este recurso legal.
En la conferencia matutina, Zaldívar aclaró que la intención no es eliminar derechos ni afectar la defensa de los ciudadanos, sino limitar prácticas que han retrasado durante años la ejecución de créditos fiscales. “Se trata de agilizar, no de afectar la defensa, pero tampoco de permitir abusos que están causando un daño grave a la hacienda pública”, dijo.
El objetivo de la reforma
Evitar abusos fiscales
De acuerdo con Zaldívar, actualmente los procedimientos pueden extenderse por varios años debido a que los contribuyentes presentan múltiples juicios de amparo, lo que impide al fisco cobrar créditos fiscales ya determinados.
Con la reforma, las impugnaciones deberán resolverse en un solo juicio, evitando así que se utilicen recursos legales de manera indefinida.
Justicia más rápida y digital
La iniciativa establece nuevos elementos y alcances para la procedencia del amparo, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, incorpora plazos definidos para garantizar una justicia pronta y transita hacia un juicio de amparo totalmente digital, con plena validez legal.
Postura de la Presidencia y la Consejería Jurídica
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reforma a leyes secundarias del Poder Judicial busca acelerar la impartición de justicia y frenar abusos de quienes, a través del amparo, evaden el pago de impuestos durante años.
Por su parte, la consejera jurídica Ernestina Godoy sostuvo que la armonización de leyes no solo protege el orden público y el interés social, sino que también incorpora herramientas modernas para garantizar procesos más transparentes y eficientes.
Posibles observaciones de la Suprema Corte
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, adelantó que la Corte podría emitir observaciones sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
En entrevista tras el Simulacro de Sismo 2025, Aguilar reconoció la importancia de reducir la duración de los juicios, que actualmente pueden extenderse entre cinco y diez años sin una resolución final.
“Esa debe ser la preocupación de todos y es también la de la ciudadanía”, indicó.
Implicaciones de la reforma
La iniciativa genera debate en el ámbito jurídico y político. Por un lado, el gobierno asegura que se trata de cerrar espacios a prácticas dilatorias que afectan la hacienda pública. Por otro, especialistas advierten que será necesario vigilar que los cambios no limiten de forma indebida el derecho a la defensa de los ciudadanos.
Con la eventual discusión en el Senado, la reforma a la Ley de Amparo será uno de los ejes centrales en la transformación del Poder Judicial, en línea con el paquete de cambios que impulsa la administración de Claudia Sheinbaum.
La reforma a la Ley de Amparo presentada por el gobierno busca equilibrar la defensa ciudadana con la necesidad de impedir abusos legales que retrasan la justicia y afectan las finanzas públicas. Mientras el Ejecutivo la defiende como un avance hacia una justicia más rápida y digital, la Suprema Corte prepara observaciones que podrían modificar su alcance.
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