Filiberto Cruz MonroyEn los últimos cuatro días, la administración de Donald Trump llevó a cabo una operación masiva que resultó en la detención de 3,014 migrantes indocumentados, lo que equivale a un promedio de 31 personas por hora. Estas acciones, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con apoyo de agencias como DEA, FBI y ATF, se concentraron en estados como Arizona, California, Texas, Georgia y Nebraska, entre otros.
Las redadas se intensificaron desde el pasado viernes, arrestando a:
593 personas el viernes.
286 personas el sábado.
956 personas el domingo.
1,179 personas el lunes.
En Georgia, se llevaron a cabo operaciones en ciudades como Atlanta, Savannah y Cartersville. Entre los detenidos, se encontraban siete trabajadores mexicanos capturados en Augusta mientras se dirigían a una obra de construcción. Los migrantes fueron sorprendidos en una gasolinera mientras cargaban combustible y fueron interrogados por agentes de ICE al no contar con documentos legales.
Entre viernes y lunes, ICE también emitió 2,277 órdenes de retención migratoria dirigidas a agencias federales, estatales y locales. Estas órdenes exigen que las autoridades notifiquen a ICE sobre la liberación de personas detenidas para proceder con su deportación.
En la red social X (antes Twitter), la oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE declaró que su objetivo es expulsar a «extranjeros criminales» para proteger las comunidades estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también enfatizó en sus publicaciones que garantizar la seguridad de los vecindarios comienza con el cumplimiento de las leyes migratorias.
Las medidas de la administración Trump han puesto en peligro a grupos como:
Solicitantes de asilo procesados durante la administración de Joe Biden.
Beneficiarios del programa “Parole humanitario” (2022-2024), que benefició a más de 530,000 migrantes haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, quienes ahora enfrentan incertidumbre legal.
Aunque el discurso oficial insiste en priorizar la expulsión de personas con antecedentes criminales, defensores de derechos humanos han denunciado que muchas de las detenciones incluyen a trabajadores y solicitantes de asilo sin historial delictivo.
El senador demócrata Dick Durbin condenó las redadas masivas, señalando que las acciones de la administración Trump exceden su objetivo de expulsar a personas peligrosas. También afirmó que su oficina está dispuesta a ayudar a aquellos que hayan sido arrestados indebidamente.
Además, organizaciones como Fuerza Migrante han implementado medidas de apoyo, incluyendo una línea telefónica y un centro de atención vía WhatsApp (+1 646 353 091), para brindar asistencia a los migrantes mexicanos afectados por estas redadas.
Las recientes redadas han generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes consideran que estas acciones intensifican la criminalización de los migrantes. Las políticas de la administración Trump, enfocadas en eliminar cualquier figura de «santuario» y deportar incluso a los beneficiarios de programas humanitarios, han polarizado la opinión pública y afectado a comunidades vulnerables en todo el país.