Monreal solicita a la FGR indagar licitaciones públicas en Baja California

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó a la Fiscalía General de la República investigar los contratos en Baja California entregados a la empresa Inteliproof Efficient. La firma privada enfrenta señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa. El legislador federal aseguró que su partido no protegerá a ningún funcionario público involucrado en la adjudicación de estas licitaciones estatales.

Posición del Congreso y deslinde de responsabilidades

El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro subrayó que las autoridades ministeriales deben esclarecer las condiciones de las contrataciones públicas. Monreal precisó que la fiscalía federal debe precisar las razones y mecanismos aplicados por la administración estatal para otorgar los convenios comerciales. Las declaraciones del diputado se producen tras revelarse que la proveedora privada accedió a bases de datos sensibles en materia de seguridad regional.

El coordinador parlamentario enfatizó que cualquier persona con responsabilidad penal o administrativa en estos hechos responderá directamente ante la ley. Monreal reconoció que las dependencias públicas concretan cotidianamente diversos acuerdos con el sector empresarial para operar servicios comunitarios. Sin embargo, reiteró que la fiscalización de los fondos públicos debe mantenerse estricta ante posibles infiltraciones del crimen organizado.

Alcance de las adjudicaciones en Baja California

La empresa Inteliproof Efficient figura en los listados de sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Informes de la Auditoría Superior de la Federación señalan que el gobierno de Baja California firmó un contrato cercano a cinco millones de pesos con la compañía en la Cuenta Pública 2023. La licitación abarcó la provisión de tecnología, computadoras y lectores para el sistema del Registro Público Vehicular.

Ese acuerdo permitió que la firma privada manejara información confidencial de la ciudadanía mexiquense y nacional. La base de datos administrada incluía nombres de propietarios, modelos de automóviles y registros de placas vehiculares en el estado. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Baja California asignó al menos diez contratos más por 114 millones de pesos a la misma empresa durante ese periodo.

Historial de contrataciones y equipos de inteligencia

Las adjudicaciones a la empresa continuaron durante el ejercicio fiscal de 2024 con montos superiores a tres millones de pesos. Dichos recursos se destinaron a la compra de vestuario, equipo de cómputo y artículos de protección para el personal operativo. Antecedentes institucionales confirman que desde 2021 la firma recibió 16 millones de pesos para suministrar sistemas tecnológicos destinados a la intercepción de llamadas telefónicas.

La dirección de la proveedora privada se atribuye a Marco Moreno Gómez en los registros comerciales y corporativos oficiales. La acumulación de contratos por tecnología de seguridad provocó la reacción de las autoridades legislativas a nivel federal. La bancada mayoritaria en el Congreso insiste en la revisión exhaustiva de las adquisiciones realizadas en la entidad del norte del país.

Seguimiento legal y fiscalización de recursos

La Fiscalía General de la República deberá determinar si proceden investigaciones penales por la asignación de recursos públicos a empresas sancionadas. Las auditorías federales continuarán analizando el flujo de dinero entregado a proveedores que figuran en listas negras internacionales. Las dependencias involucradas no han emitido comunicados adicionales sobre la cancelación o vigencia de los contratos señalados.

El Poder Legislativo mantendrá el seguimiento a los informes que presente el órgano fiscalizador sobre la Cuenta Pública. La revisión de los padrones de proveedores continuará en las distintas entidades federativas para evitar riesgos en la seguridad de los datos personales. Se prevé que los dictámenes de la fiscalía establezcan las medidas correspondientes conforme avance la integración del expediente.

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