Jair FigueroaLa diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, afirmó este jueves que es un hecho que el Poder Judicial tendrá una reducción en su presupuesto para 2026.
Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla asignar 85 mil 960 millones de pesos al Poder Judicial —11 mil 569 millones más de lo ejercido en 2025—, la legisladora de Morena aseguró que durante las mesas de trabajo se definirá el monto final, pero la reducción es inevitable.
Programas sociales, intocables
Gómez Pozos aclaró que, a diferencia del Poder Judicial, los programas sociales no tendrán recorte alguno.
“El presupuesto de los programas sociales es irreductible. Además de estar garantizados en el presupuesto, también están protegidos en la Constitución. No hay manera de que se les baje el monto”, subrayó.
Para 2026, el gobierno federal solicitó 987 mil 160 millones de pesos en este rubro, lo que equivale a más de 2.5% del PIB nacional.
Fechas clave en la aprobación del presupuesto
La presidenta de la Comisión adelantó que el dictamen del PEF 2026 se aprobará en comisiones el 10 de noviembre y pasará al pleno de la Cámara de Diputados entre el 10 y 13 de noviembre, con fecha límite de votación el 15 de noviembre.
Además, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, comparecerá ante el pleno el próximo 24 de septiembre, para explicar el proyecto y responder dudas de los legisladores.
Análisis del presupuesto por áreas
Durante una reunión previa, la Comisión de Presupuesto aprobó por mayoría la conformación de grupos de trabajo que revisarán el proyecto. Estos son:
- Gobierno
- Desarrollo social
- Desarrollo económico
- Gasto federalizado
- Presupuesto con perspectiva de desarrollo sustentable
El objetivo es analizar a detalle cada apartado del presupuesto, incluyendo operaciones de programas, asignaciones específicas y remuneraciones de servidores públicos.
Implicaciones políticas y sociales
El anuncio del recorte al Poder Judicial ocurre en un contexto de tensiones entre este poder y el Ejecutivo federal, especialmente tras el debate nacional sobre la reforma judicial.
Mientras tanto, el blindaje de los programas sociales refuerza la estrategia del gobierno federal de mantener su prioridad en políticas de bienestar, que representan un pilar central en la agenda de la Cuarta Transformación.
Analistas coinciden en que el ajuste al Poder Judicial podría generar nuevas fricciones institucionales, mientras que la ciudadanía seguirá de cerca cómo se reflejan estas decisiones en el acceso a justicia y en el fortalecimiento del gasto social.
La discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2026 ya está marcada por un hecho: el Poder Judicial tendrá recorte y los programas sociales permanecerán intocables.
La definición del monto exacto y sus impactos se conocerán en las próximas semanas, cuando el debate legislativo avance en la Cámara de Diputados.
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