La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión entre 2019 y 2020.
Según la legisladora, las acusaciones se basan en hallazgos documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que implican un posible daño al erario superior a 700 millones de pesos.
Las denuncias y los hallazgos de la ASF
De acuerdo con Pérez-Jaén, los señalamientos se sustentan en auditorías que identificaron inconsistencias en el manejo de recursos públicos en distintas dependencias del gobierno tabasqueño durante el periodo en que López Hernández fue gobernador.
La diputada aseguró que estos informes de la ASF fueron archivados sin avances sustanciales, lo que calificó como un intento de “proteger al senador de Morena”.
“Guardaron esas auditorías en el área de investigación desde 2021, y ahí están durmiendo el sueño de los justos. Este quebranto de más de 700 millones de pesos no ha tenido ninguna consecuencia”, declaró Pérez-Jaén.
Acusan falta de acción por parte de la ASF
La diputada señaló directamente al auditor superior, David Colmenares, a quien acusó de no dar seguimiento a las observaciones realizadas a la administración estatal de Tabasco.
Sostuvo que su actuación ha sido omisa y que las irregularidades permanecen sin resolución, a pesar de que las pruebas están disponibles desde hace más de cuatro años.
Entre las irregularidades detectadas, destacan las relacionadas con recursos federales destinados a infraestructura, programas sociales y seguridad pública, rubros donde la ASF habría encontrado documentación incompleta, sobreprecios y pagos no justificados.
Vínculos con casos de seguridad y funcionarios señalados
Pérez-Jaén también mencionó una auditoría vinculada a la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, por un monto de 5.3 millones de pesos, durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario y hoy investigado por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.
La legisladora sostuvo que la falta de investigación sobre estos temas refleja una “cadena de protección política”, que impide sancionar a los responsables de presuntos desvíos y manejos indebidos del presupuesto público.
Exigen transparencia y rendición de cuentas
El caso ha generado reacciones dentro y fuera del Congreso. Diversos actores políticos y ciudadanos han solicitado que la FGR y la ASF actúen con independencia y transparencia.
Analistas señalan que estas denuncias podrían representar un nuevo punto de presión sobre el senador López Hernández, quien se ha mantenido cercano a la administración federal actual y con aspiraciones políticas a futuro.
La diputada insistió en que la rendición de cuentas no debe tener colores partidistas y que la justicia debe aplicar por igual a todos los funcionarios, sin importar su posición o influencia política.
Llamado a la ciudadanía y autoridades
Pérez-Jaén pidió a la ciudadanía estar atenta al seguimiento de las denuncias y a los resultados que emita la FGR en las próximas semanas.
Asimismo, exigió que la Auditoría Superior entregue informes públicos actualizados sobre el uso de los recursos auditados en Tabasco, para garantizar la transparencia en el manejo del dinero público.
“Es momento de que se acaben los privilegios y la impunidad”, concluyó la legisladora.
Las 37 denuncias interpuestas contra Adán Augusto López Hernández representan un desafío para las instituciones encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos.
El caso pone en el centro del debate la independencia de los órganos fiscalizadores, la eficacia del sistema anticorrupción y la confianza ciudadana en las autoridades.
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