Filiberto Cruz MonroyLa ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha convocado nuevamente al pleno de ministros para deliberar sobre la procedencia de una controversia presentada por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Esta controversia busca suspender la aplicación de la reciente reforma al Poder Judicial promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los trabajadores del Poder Judicial argumentan que hubo irregularidades en el proceso legislativo que llevó a la aprobación de esta iniciativa.
En su consulta, Piña Hernández se refiere a la posibilidad de impugnar reformas a la Constitución bajo el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La ministra ha destacado que la controversia podría abordar tanto el cumplimiento de las formalidades en el procedimiento legislativo como el contenido material de la reforma en cuestión. Esta medida refleja la preocupación entre los miembros del Poder Judicial sobre la integridad del proceso que ha conducido a cambios significativos en su estructura.
Este asunto ha sido catalogado como urgente y ha sido asignado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será responsable de desarrollar un proyecto en relación con la controversia. La rapidez con la que se ha manejado este tema subraya la seriedad de las preocupaciones expresadas por los jueces y magistrados, quienes temen que la reforma comprometa la independencia del Poder Judicial.
Cabe recordar que el 5 de septiembre, antes de la aprobación de la reforma, la ministra Piña había abierto dos consultas previas para determinar si la SCJN tenía la autoridad para frenar la reforma judicial. Estas consultas fueron impulsadas por una solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que sostiene que la propuesta es inconstitucional y vulnera el principio de independencia judicial.
Entre las irregularidades mencionadas por los trabajadores del Poder Judicial, se encuentra la denuncia de la detención arbitraria del padre del senador Daniel Barreda, lo que impidió su asistencia a la sesión en la Cámara de Senadores. Este tipo de situaciones ha generado un ambiente de inquietud y desconfianza respecto a la legitimidad del proceso legislativo en torno a la reforma.