Filiberto Cruz MonroyLos productores de limón en las regiones de Apatzingán y Buenavista, Michoacán, han decidido suspender indefinidamente sus actividades debido a las persistentes extorsiones por parte de grupos delictivos. Este grupo de agricultores ha reportado que se les está exigiendo pagar cuotas adicionales sobre el limón producido, empacado y comercializado, lo que ha llevado a la paralización de sus labores. La decisión de cesar las actividades se tomó como una medida de presión para exigir mayor seguridad y protección por parte de las autoridades.
El contexto actual recuerda a la situación vivida en agosto del año pasado, cuando los mismos productores se vieron obligados a detener su trabajo debido a circunstancias similares. En aquella ocasión, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) reportó que las amenazas y exigencias del crimen organizado forzaron a los agricultores a suspender temporalmente su actividad. Ahora, ante la repetición de estos problemas, los productores han declarado que no reanudarán su trabajo hasta que se les garantice un entorno seguro para operar sin la amenaza del crimen.
Durante el primer semestre de 2024, México cosechó 179 mil hectáreas de limón, produciendo 1.4 millones de toneladas con un valor total de mil 148 millones de dólares. Apatzingán y Buenavista, regiones clave para esta producción, contribuyeron significativamente con 79 mil 549 toneladas y 120 mil toneladas respectivamente. La suspensión de actividades en estas áreas cruciales podría afectar la oferta del producto a nivel nacional, lo que potencialmente elevaría los precios del limón, tanto en el mercado local como en las exportaciones.
La interrupción en la producción también tiene repercusiones en el empleo. El GCMA ha indicado que el paro de actividades podría llevar a despidos temporales o permanentes de trabajadores agrícolas y empacadores, afectando así a la mano de obra en la agroindustria. Además, al menos 15 empacadoras de limón han cerrado, como resultado de las elevadas cuotas exigidas por los grupos delictivos. Los productores han informado que el costo de las extorsiones ha aumentado considerablemente, pasando de dos pesos por kilogramo a entre tres y cuatro pesos adicionales.