Filiberto Cruz MonroyCon la oposición en contra, el bloque legislativo conformado por Morena, PT y PVEM aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados un dictamen de reforma del artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa. El dictamen recibió 26 votos a favor y busca incluir delitos como extorsión, narcomenudeo, y delitos relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo. También se incorpora la defraudación fiscal, el contrabando y la expedición de comprobantes fiscales falsos.
La reforma, que ha sido rechazada por 14 representantes del PAN, PRI y MC, ha sido criticada por la oposición por considerarla una violación a los derechos humanos. Argumentan que esta medida no ha demostrado ser efectiva en la reducción de la violencia delictiva y que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Según estos representantes, la prisión preventiva oficiosa afecta al 70% de los casos a personas en situación de pobreza, desafiando los principios del nuevo sistema de justicia penal que debería priorizar la presunción de inocencia.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, hizo un llamado al bloque mayoritario para reflexionar sobre la reforma, señalando que podría contradecir la reforma del sistema de justicia penal realizada en 2010-2011. En contraste, Leonel Godoy, vicecoordinador de la bancada de Morena, defendió la reforma como una medida necesaria para proteger los derechos de las víctimas frente a la creciente criminalidad, asegurando que los derechos de los delincuentes no deben prevalecer sobre los de las víctimas.
Óscar Cantón Zetina, legislador de Morena, enfatizó la urgencia de la reforma debido a las dificultades para combatir la extorsión, a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Los morenistas consideran que la prisión preventiva oficiosa es crucial para enfrentar el narcotráfico y otros delitos graves, argumentando que la falta de aplicación actual favorece a los delincuentes.