Filiberto Cruz MonroyEl análisis realizado por el Centro Prodh y Fundar al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 ha revelado una preocupante disminución en los recursos destinados a la atención de víctimas en México. A pesar de la tendencia positiva de incrementos graduales en años anteriores, el presupuesto para la partida de Ayudas Sociales a Personas se reducirá en 2025 a 658 millones de pesos, una cifra considerablemente inferior a los 909 millones de pesos que, según las necesidades del sector, deberían haberse asignado. Este ajuste impacta directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que verá una disminución del 3.6% en términos reales respecto al presupuesto del año anterior.
La reducción del presupuesto para 2025 es particularmente preocupante dado que afecta áreas cruciales, como las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a víctimas. Además, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución el 21 de agosto exigiendo que el 0.014% del presupuesto total se destine exclusivamente para la atención y reparación del daño de las víctimas, el Proyecto de Presupuesto de Egresos no refleja este mandato. En este sentido, la decisión de la SCJN, derivada de un amparo promovido por el Centro Prodh, busca garantizar que los recursos para las víctimas no sean reducidos ni desviados para otros fines.
Es importante recordar que la SCJN consideró que la reforma a la Ley General de Víctimas, que eliminaba la fracción I del artículo 132, contradecía el principio de progresividad de los derechos humanos. Esto implica que no se pueden recortar o revertir los derechos ya adquiridos por las víctimas, y que el presupuesto destinado a la atención de sus necesidades debe ser progresivo, aumentando de manera constante en vez de ser recortado. En este contexto, las medidas de ayuda y reparación integral, que cubren desde gastos funerarios hasta traslados y hospedajes de familiares de desaparecidos, corren el riesgo de no ser adecuadamente financiadas si el Paquete Económico 2025 se aprueba tal como está.
La reducción de estos recursos pone en riesgo el bienestar y la atención integral de las víctimas de violencia en México, quienes dependen de estos fondos para afrontar el doloroso proceso de reparación de daños. La falta de un presupuesto adecuado podría resultar en una vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas, al no garantizarles acceso a los servicios de asistencia, reparación y apoyo necesarios para su recuperación. Las víctimas, por su parte, no deben ser vistas como un grupo al que se le recorten recursos, sino como personas que requieren atención constante y efectiva.
Ante esta situación, el Centro Prodh y Fundar han hecho un llamado urgente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a los legisladores de la LXVI Legislatura, para que modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos y se garanticen los recursos mínimos establecidos por la SCJN para la atención de las víctimas. Cumplir con este mínimo presupuestal no solo cumpliría con un mandato legal, sino que también enviaría un mensaje claro del compromiso del gobierno mexicano con la justicia y reparación integral para las víctimas del país.